Caso Odebrecht: procuradora viaja a Brasil para interrogatorio

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos autorizó que la procuradora ad hoc adjunta para el caso Odebrecht, Silvana Carrión Ordinola, viaje a Brasil del 11 al 13 de junio para participar de la declaración testimonial de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Esto en el marco de las investigaciones vinculadas al empresario Gonzalo Monteverde.

Según indica la resolución N°0234-2019-JUS, la procuradora participará en el interrogatorio al ex funcionario de Odebrecht que se llevará a cabo este miércoles 12 de junio.

En dicha actividad, ejercerá "la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos".

El ministerio, en su resolución, indica que el testimonio de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho servirá para la investigación que se sigue contra Gonzalo Monteverde Bussalleu y otros implicados por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

“De los documentos que se acompañan, se verifica que la citada Procuraduría Pública Ad Hoc Adjunta da cuenta que en la acotada carpeta fiscal se investiga al señor Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y otros por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado, por lo que el testimonio del implicado será importante para determinar la responsabilidad en las investigaciones penales que se tramitan ante la fiscalía peruana y en los que la Procuraduría es parte interesada para el eventual cobro de la reparación civil”, sostiene la resolución.

El documento publicado en el boletín Normas Legales del diario oficial "El Peruano" lleva la rúbrica del ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

Sobre Monteverde pesa desde marzo una orden judicial de 36 meses de prisión preventiva y semanas antes se había ordenado su detención preliminar. Actualmente permanece prófugo. 

Según la tesis fiscal, el empresario -quien sería el presunto operador financierio de la constructura brasileña en el Perú- y su entorno recibieron un poco más de US$29 millones, que fueron usados para las presuntas coimas que entregó la constructora brasileña durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.