Adiós a los cuentos chinos, por David Rivera

Pese a estar fuera del radar mediático, el proceso que está siguiendo el Perú para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD en inglés) es de los hechos más relevantes que nos acompañarán en los siguientes años. De seguir embarcados en ello, implicará reformas en políticas económicas y sociales para acercarnos a los estándares de 34 de los países más desarrollados del mundo.

La semana pasada, esta institución publicó su primer informe sobre el Perú. En él se definen ocho obstáculos para un “desarrollo inclusivo y sostenible”. Ahora que los candidatos han comenzado a desplegar su arsenal populista, resulta conveniente hablar sobre ello. Porque digan lo que digan los aspirantes a Palacio, los puntos de la agenda OECD pondrán en tela de juicio varias creencias y dogmas instalados tanto al lado derecho como al izquierdo del espectro político. Veamos.

La OECD llama la atención sobre la falta de progresividad de nuestro sistema tributario. “Los mecanismos redistributivos, como los impuestos y las transferencias sociales, hacen poco para reducir las desigualdad de ingresos en el Perú”, afirma.

Nuestra recaudación es apenas el 18,3% del PBI, cuando el promedio en América Latina es de 21,3% y en los países de la OECD 34,1%. Resalta la prevalencia de los impuestos indirectos (IGV principalmente) sobre los directos (Impuesto a la Renta sobre todo).

¿Qué hacer? La institución nos recuerda que la reducción del IGV de 19% a 18% no cambió en nada esta situación (ojo, PPK y García). También que el IR a las empresas es elevado (ojo, amigos “caviares”).

En este punto, la institución destaca el esfuerzo por pasar del 30% en el 2014 al 26% en el 2019, cerca del promedio OECD (25%). Entonces, ¿dónde hay espacio para avanzar hacia un sistema más progresivo? “Los impuestos a las rentas personales se mantienen bajos. En la OECD son el 25% del total. En el Perú, 11%. “La ausencia de un impuesto a las herencias socava aun más la progresividad del sistema”. 

Lo que la OECD dice sobre el mercado laboral también sacará chispas. “Los costos laborales no salariales son altos. En el 2008, las contribuciones, impuestos, vacaciones y otros beneficios representaban el 59% de la remuneración total, el valor más elevado en América Latina”.

Sin embargo, “ni el período de aviso ni el pago por indemnización (de despido) es muy alto. Es más, este costo se ha reducido desde el 2005”. Ahora bien, agrega que la legislación debería permitir a las empresas hacer despidos individuales por quiebras o dificultades económicas, para así reducir los costos promedio y fomentar la contratación formal.

Y un punto vital. A pesar de lo anterior, “las reformas (solo) enfocadas en reducir beneficios laborales en las pymes no tendrán impacto”. “Los incentivos para formalizar puestos de trabajo se han enfocado en reducir costos más que en crear incentivos de mercado”.

Como hemos venido diciendo en los últimos meses, reducir costos no impulsará la formalización. Necesitamos generar oportunidades económicas, particularmente en las regiones, y para ello se requiere más Estado y mayor presión tributaria. No hay otra.

La OECD también afirma que el Perú no podrá avanzar si sigue siendo un país primario exportador, si no se diversifica productivamente. Y tres temas que levantarán la ceja al gran empresariado: (i) la norma para combatir la elusión tributaria, que se frenó en el Congreso por el lobby de la anterior gestión de la Confiep; (ii) la responsabilidad autónoma de las empresas en actos de corrupción (ahora se investiga y “sanciona” solo a los ejecutivos responsables); y la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera levante el secreto bancario de un sospechoso sin necesidad de autorización previa de un juez.

¿No creen que deberíamos pedir opinión sobre estos temas a los candidatos?

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