La única excepción a la regla, el ejemplo inclusivo que debía seguirse para el resto de la economía, fue borrado de un plumazo, aprovechando una ventana de anarquía en la que el gobierno renunció al imperio de la ley en favor del imperio de la violencia. (Foto: Hugo Curotto/ GEC)
La única excepción a la regla, el ejemplo inclusivo que debía seguirse para el resto de la economía, fue borrado de un plumazo, aprovechando una ventana de anarquía en la que el gobierno renunció al imperio de la ley en favor del imperio de la violencia. (Foto: Hugo Curotto/ GEC)
Jaime de Althaus

Analista político

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Durante años los entendidos en desarrollo han venido reclamando reformas de segunda generación que permitan elevar la tasa de crecimiento potencial del Perú, para retomar un crecimiento acelerado y sostenido que permita integrar al país y eliminar la pobreza.

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La principal de esas reformas es la reducción del alto costo de la formalidad, que frena la inversión, impide el crecimiento de las empresas y excluye de la legalidad a la mayoría de los peruanos, restándoles acceso a las palancas del progreso económico.

El alto costo de la formalidad no solo aplasta el crecimiento sino que consolida y agrava el dualismo estructural peruano, cuyas raíces son coloniales.

La excepción a esa regla había sido, hasta hace poco, el , gracias a la ley de promoción agraria (LPA) del 2000 que establecía un régimen laboral flexible y adecuado a la realidad del campo, y una tributación favorable. Por eso, dicho sector tuvo de lejos la tasa de crecimiento económico y de empleos formales más alta. Había alrededor de 500 mil personas acogidas el régimen de la LPA, con salarios que han crecido muy por encima del promedio agrario por la sencilla razón de que llegó un momento en el que la demanda de trabajadores para las cosechas excedía la oferta. El mercado se encargaba de subir los jornales.

Lo triste es que la única excepción a la regla, el ejemplo inclusivo que debía seguirse para el resto de la economía, fue borrado de un plumazo, aprovechando una ventana de anarquía en la que el gobierno renunció al imperio de la ley en favor del imperio de la violencia.

El resultado será una exacerbación del dualismo y las desigualdades. Los mayores costos que impondrá la nueva ley expulsarán a la quiebra o a la informalidad a los pequeños y a muchos medianos, y condenarán a los informales a la marginación perpetua.

Pues la ley de promoción agraria no era solo para la agroexportación. Era para todos los productores agropecuarios. Por eso alrededor de la mitad de los 500 mil empleos formales no están en empresas exportadoras. Y era recientemente también para el sector forestal y acuícola, para convertirlos en nuevos motores de la economía, sueño que apenas duró un año.

Específicamente en la agroexportación, 9 empresas exportaron el 2019 más de 100 millones de dólares. Pero hubo 2.046 empresas que exportaron menos de 5 millones de dólares, de las cuales 1.822 exportaron menos de 1 millón. Esos pequeños no sobrevivirán. Quizá muchos medianos tampoco.

Políticamente es un círculo vicioso. Los grandes se han defendido pero al final podrán absorber los mayores costos (según como salga la ley). Entonces ceden. Los pequeños no tienen fuerza y las Juntas de Usuarios, por ejemplo, contrarias a la derogatoria de la LPA, no se movilizan porque están integradas por informales, que ven esa lucha algo lejana.

En general, los únicos organizados en el país son sectores laborales formales, y los partidos en el Congreso hacen clientelismo con ellos. Nadie representa al gran sector informal, no organizado, poco ciudadano. Así, el dualismo se agrava cada vez más, en un círculo vicioso. No habrá Feliz Navidad para el Perú.

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