Fuerza Popular ha ido más allá: como en el 2016, no va a reconocer nunca el resultado electoral. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Fuerza Popular ha ido más allá: como en el 2016, no va a reconocer nunca el resultado electoral. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Fernando Tuesta Soldevilla

Profesor de Ciencia Política de la PUCP

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A estas alturas, nadie de manera seria sostiene que la hija de ha ganado las elecciones. Los informes de la OEA, Unión Europea y Uniore han reconocido que en el Perú no hubo fraude. En la misma dirección han declarado representantes de los gobiernos de EE.UU., Reino Unido y Canadá.

Es claro que el propósito de Fuerza Popular es alargar al máximo posible la entrega del resultado final. Una de las últimas medidas es solicitar a la OEA una auditoría de las elecciones, como se realizó en Bolivia (2019). Para el gran público puede sonar razonable, y al votante de Keiko Fujimori, un rayo de luz. Sin embargo, hay varias cosas que aclarar. Efectivamente, la OEA ha realizado auditorías sobre procesos electorales. Tres en los últimos cinco años: presidenciales de Honduras (2017) y Bolivia (2019), y las municipales de República Dominicana (2020).

MIRA: No sé, pero es fraude

En el caso de Bolivia, Evo Morales, que había perdido el referéndum que le impedía volver a reelegirse, como Fujimori en el 2000, había capturado muchas instituciones, entre ellas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), e impuso su candidatura. La del 2019 fue la clásica elección de cancha inclinada, con todo a favor de la candidatura oficialista. Las elecciones las ganó el Movimiento al Socialismo (MAS), con una mayoría en el Congreso y Evo Morales en primera vuelta. Esta última parte es la que se pone en cuestión y desata el rechazo nacional e internacional, y las extensas movilizaciones. En ese contexto, el gobierno de Morales solicita la auditoría internacional a la OEA, que ya en sus informes daba cuenta de las irregularidades que, luego, quedaron demostradas. La crisis política llevó a la caída y huida de Morales, y a la convocatoria a una nueva elección, con un nuevo CNE no oficialista y la no participación de Morales, en la que triunfó Luis Arce del MAS, actual presidente de ese país.

La diferencia con nuestro caso es enorme. La Misión de Observación Electoral de la OEA ya había detectado irregularidades, que no eran producto de las que se presentan en toda elección, sino de una operación trabajada desde las altas esferas y que comprometía a los organismos electorales. Aquí no hubo candidato oficialista, los organismos electorales, pese a la sucia campaña contra ellos, no han sido capturados por el Gobierno ni por candidatura alguna. En la segunda vuelta en el Perú participaron dos candidatos que poco tiempo antes nadie esperaba, sobre todo, Pedro Castillo. Durante la campaña, Keiko Fujimori recibió el apoyo aplastante de los poderes fácticos y tuvo la mayor y extensa cobertura de los medios, que hicieron una campaña desequilibrada, solo comparable como la que sufrió su padre en 1990.

Más allá de una campaña sistemática, costosa y con la finalidad de crear temor, sobre todo en Lima, ninguna de las evidencias se convirtió en prueba contundente (miles de actas impugnadas, muertos que votan, parientes como miembros de mesa, firmas falsas, padrón electoral, etc.) lo suficientemente fuerte como para anular votaciones o anular la segunda vuelta. Pero Fuerza Popular ha ido más allá: como en el 2016, no va a reconocer nunca el resultado electoral.

Finalmente, en el caso de que el Gobierno Peruano solicite a la OEA una auditoría integral como Bolivia, estaría desconociendo el trabajo de los organismos electorales. Y, en relación a la OEA, tendría que desdecirse del informe que su misión de observación elaboró. No es, pues, fácil; sino todos los perdedores –aquí y en todas partes– solicitarían auditorías externas.

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Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, rechazó que se hable de fraude en las decisiones del ente electoral. (Fuente: JNE)
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