Los corregidores, la columna de Jaime de Althaus

Es asombroso cómo la izquierda sigue representando las ideas e intereses más retrógrados y conservadores del país, oponiéndose al progreso y la formalización de las grandes mayorías solo por defender privilegios de pocos.

La última ha sido la reacción de Verónika Mendoza ante declaraciones de Alfredo Thorne acerca de la conveniencia de la titulación individual en ciertos casos en las comunidades campesinas. Esto es algo que se cae de maduro y el hecho de que no se haga es una expresión actualizada de la discriminación colonial contra el campesino andino.

Porque la comunidad campesina no es otra cosa que una asociación relativamente endogámica de pequeños propietarios no formales con ciertas reglas de manejo común para determinados usos. En las tierras agrícolas las parcelas se heredan de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. En la práctica son propiedades privadas, con cierto grado de control comunal cuando se trata de tierras de secano. Pero en la medida en que más comuneros introducen sistemas de riego simple o tecnificado, la demanda por titulación o formalización de esa propiedad se intensifica.

Eso ha sido constatado ya hace 17 años nada menos que por un prominente e inteligente miembro del Frente Amplio, Carlos Monge, que ahora lo niega. En un artículo publicado en 1999, Monge y Jaime Urrutia revelan que una encuesta a 450 comuneros en 18 comunidades campesinas de Cusco y Puno confirmó que el 60% de los comuneros respondió favorablemente a la opción por la titulación individual de sus tierras, resultado consistente con encuestas similares aplicadas en Ayacucho (“El debate sobre la titulación en comunidades del Sur Andino”, en SEPIA VII: 1999, pp. 393-408).

Esa demanda es creciente. Forma parte del proceso de emancipación y progreso individual de los campesinos, de su conversión en empresarios. Pero la ideología retrógrada, heredera calificada de los corregidores de antaño, se lo impide. Así, el Estado Peruano tampoco reconoce esa demanda pues aún no reglamenta la ley de tierras de 1995 que, en teoría, abría el camino para ese proceso.

Ante la defección del Estado, el propio artículo de Monge y Urrutia destaca la costumbre de los comuneros de acudir a notarios, registros públicos y hasta el pago de autoavalúos para formalizar sus posesiones, cosa que hacen para asegurar los procesos de herencia y garantizar la inversión en las parcelas (Monge y Urrutia 1999: 399-400).

Entonces, ¿qué estamos esperando? La emergencia y formalización de las mayorías en el Perú está detenida por rezagos coloniales enquistados en las ideologías de izquierda. Es el corporativismo medieval defensor de fueros monopólicos que se expresa también en las leyes laborales, en la educación, en las empresas de agua, etc., que rechaza la meritocracia, la competencia y la libertad del mercado como si fueran demonios liberales, condenando a las mayorías a la exclusión legal y a la ausencia de derechos.

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