En defensa de la “basura”, la columna de Enrique Pasquel

Hace unos días se armó un revuelo por ciertas declaraciones de la vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz, que se entendieron como una inclinación a regular los contenidos de la televisión (luego ella misma aclararía que esa no fue su intención, aunque sus palabras, para ser exactos, no daban mucho lugar a confusión). Paralelamente, dentro del fujimorismo, el congresista José Palma Mendoza presentó un proyecto de ley para que el Ministerio de Cultura “fomente la cultura” en los medios de comunicación privados. Aunque el legislador negó una vocación intervencionista, la exposición de motivos de su propuesta dice lo contrario, pues fundamenta esta nueva regulación en la necesidad de terminar con la “televisión basura”. Por su lado, en el Frente Amplio, no son ajenos a la idea de que el Estado intervenga en los contenidos de los medios. Durante la campaña presidencial, por poner un ejemplo, Verónika Mendoza propuso la creación de un organismo gubernamental que regule los contenidos de la televisión.

No debería sorprender que en las tres principales bancadas parlamentarias existan congresistas que coqueteen en alguna medida con la idea de que el Estado dicte qué pueden transmitir los medios de comunicación. A fin de cuentas, vivimos en una época en la que aceptamos sin problema que la burocracia decida en nuestro nombre qué cosas debemos hacer en múltiples aspectos de la vida, bajo la creencia de que los funcionarios públicos deben protegernos de nuestras propias decisiones. Veamos algunos ejemplos. El gobierno decide por los trabajadores en qué condiciones pueden prestar sus servicios, llegando a extremos tan absurdos que el 70% de los mismos prefiere contratar libremente en la informalidad. La ley decide qué opción sexual es válida y cuál no para efectos de contraer matrimonio y formar legalmente una familia. El gobierno impide a una persona con una enfermedad terminal y en extremo sufrimiento obtener ayuda para terminar con su vida. El Estado nos dice cómo prepararnos para nuestra vejez al forzarnos a ahorrar en un sistema previsional. La burocracia interviene en nuestro nombre en qué podemos comer a través de la ‘ley de comida chatarra’. Si aceptamos que el Estado decida por nosotros en todos estos aspectos, no debería sorprendernos que también quiera regular qué podemos ver en los medios de comunicación.

Por supuesto, en todos estos casos hay razones prácticas para criticar la intervención de la burocracia. Concretamente, ¿qué nos asegura que los burócratas cometerán menos errores que los ciudadanos al momento de tomar decisiones, especialmente cuando no es la vida y el interés de los primeros los que se encuentran en juego? O, también, ¿cómo sabemos que en vez de un funcionario público benévolo no tendremos a un autócrata perverso abusando del poder que se le ha dado (por ejemplo, manipulando los contenidos de los medios para perpetuarse en el poder)?

Sin embargo, más allá de las razones prácticas para oponerse a cualquier paternalismo estatal, existe una razón de principio: todos los seres humanos somos iguales. Si creemos esto, no podemos aceptar que las elecciones de unos tengan más valor que las de otros y que los primeros tengan el derecho a imponer su concepción de “lo bueno” sobre los segundos. En una sociedad de iguales unos adultos no pueden tener el derecho de portarse como padres y otros el deber de obedecerlos como hijos. Si ciertas personas tienen el derecho de prohibir al resto que, por ejemplo, no consuman lo que a ellos les parece televisión, comida o ideas “basura”, entonces vivimos en una sociedad en la que algunos peruanos valen más que el resto y no en un país de iguales.

Todos creemos que ciertas creencias o expresiones ajenas, en nuestro concepto, son “basura”. Pero, antes de usar el poder estatal para tratar de prohibirlas, recordemos que, si no toleramos lo que no compartimos, es porque creemos, en el fondo, que como en la granja de Orwell todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.

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