Mientras la DINI espiaba..., por Diana Seminario

El lunes pasado el Gobierno se embarcó en un diálogo que solo sirvió para darle un breve respiro al Gabinete de Ana Jara. Una semana después, ese encuentro quedó en el olvido y el equipo ministerial vuelve a estar en la cuerda floja y no por los dislates de Daniel Urresti, o la supuesta injerencia del ministro Daniel Figallo en el Caso Belaunde Lossio. Esta vez el desborde en Pichanaki le pasa la factura al Gobierno y nos revela –una vez más– que no está en la agenda del país.

La foto en Palacio de Gobierno y el estridente anuncio de reestructuración de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), era –hace una semana– más importante que los ánimos en Pichanaki, que para entonces estaban más que caldeados.

Para la ahora cancelada DINI, la prioridad era vigilar a la vicepresidenta Marisol Espinoza y a algunos miembros de la oposición. Si no, ¿cómo se explica que no pudieran desenmascarar a tiempo al presidente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, Carlos Chavarría, etnocacerista convicto y confeso que participó en el ‘andahuaylazo’ del 2005, como el encargado de la distribución de armas?

En setiembre del año pasado, la empresa Pluspetrol había recibido un ultimátum. Pero esa vez, tampoco se tomó ninguna medida de precaución y ahora lamentamos la pérdida de Ever Pérez Huamán, de 25 años, muerto con balas de la policía, pese a que se dijo que la PNP estaba en la zona con armas no letales.

La respuesta del Gobierno a esta crisis fue enviar al diálogo en Pichanaki a dos ministros cuestionados como Eleodoro Mayorga y Daniel Figallo, quienes a la primera cedieron, poniendo a nuestro país en riesgo de una denuncia internacional de parte de Pluspetrol por incumplimiento de contrato.

Nadine Heredia, en un fallido intento por sacudirse de la atención generada sobre ella por la investigación de lavado de activos, pide “desarrollar mecanismos legales para que podamos actuar contra las personas que azuzan a la población”. Lo que quizás no sabe, o no recuerda, es que las normas están dadas, pero  no se cumplen. La violencia social no deja detenidos.

El presidente Humala se refirió a los manifestantes de Pichanaki así: “Ellos quieren que el Perú se adapte a su forma de ver las cosas, porque ellos no quieren adaptarse al desarrollo del país. Eso es lo que tenemos que rechazar”. Pero los hechos –lamentablemente– demuestran otra cosa:  que fue el Estado el que rápidamente se adaptó a los reclamos, que –según los entendidos– ni siquiera están bien definidos.
Y el ministro Mayorga asegura que las protestas en la zona fueron incitadas por “agitadores profesionales”. Si eso fue así, ¿por qué no hicieron algo para evitar el desborde?

Así, el manejo del conflicto en Pichanaki no es sino la consecuencia de un Gobierno que hace rato perdió la brújula, que si bien no optó por la versión radical y antisistema que lo llevó a ganar la primera vuelta en el 2011, logra con sus acciones que la pérdida de inversiones y, por ende, de puestos de trabajo exhiban preocupantes niveles.
“Pudo ser peor”, se consuelan algunos analistas, justificando su posición de que al menos Humala no optó por el chavismo. Sin embargo, no hay nada peor que claudicar sin antes por lo menos intentar.