(Editorial) ¿Adiós, pornografía?

La Internet es el principal espacio del que disponen las personas para expresarse y acceder a información. Por ello, preocupa un reciente proyecto de ley presentado en el Congreso que podría tener gravísimas repercusiones para la libertad en este medio.

Se trata de una propuesta del congresista Chehade (respaldado por varios miembros de la bancada nacionalista) denominada “Ley de Protección del Menor de Contenidos Pornográficos en Internet”. El objetivo de esta iniciativa es impedir que los menores de edad accedan a contenidos “sexualmente explícitos” u “obscenos” cuando navegan por la web, y la regulación que propone la convierte en un proyecto que tiene tanto de ridículo como de peligroso.

Empecemos por lo ridículo. El proyecto dispone la creación de un órgano estatal, la Comisión de Protección al Menor de Contenidos Pornográficos en Internet (Coprome), que se encargaría de localizar todas las páginas con algún contenido pornográfico, incluirlas en una base de datos y supervisar que los proveedores de servicios de Internet dispongan filtros para bloquearlas. Como sabe cualquiera que haya usado Google alguna vez en su vida, esta idea solo cabe en la mente de alguien con delirios de omnipotencia. Y es que es materialmente imposible que un órgano estatal compuesto por siete funcionarios pueda estar en capacidad de monitorear los miles de millones de contenidos disponibles en Internet –y que varían cada segundo– para identificar aquellos que serían sexuales u obscenos. Se trata de una tarea titánica claramente destinada al fracaso.

Una tarea que, además, resulta innecesaria. A fin de cuentas, existen cientos de programas (incluso gratuitos) que los padres pueden utilizar para bloquear las páginas con contenido para adultos, o incluso para monitorear qué hacen sus hijos en Internet (como detalla esta nota publicada hoy). El Estado-nana simplemente sobra.

Ahora vayamos a lo peligroso. La Coprome podría terminar convirtiéndose en una herramienta para censurar páginas que no sean pornográficas. Por ejemplo, YouTube, Tumblr, las páginas web de periódicos y revistas de actualidad, o hasta Wikipedia suelen tener imágenes con contenido sexual o que a los ojos de muchas personas resultan obscenas. Y no porque la pornografía sea su negocio, sino porque estas imágenes a veces acompañan algún artículo informativo y porque es imposible monitorear al detalle todo el contenido que cuelgan sus usuarios.

Así, bajo la excusa de querer proteger a los niños, el gobierno se haría de un arma que le permitiría censurar las páginas de los medios de comunicación que le resulten incómodos. No debería sorprender, después de todo, que la exposición de motivos del proyecto mencione a China, Rusia, Irán y Cuba como ejemplos de países donde se han aprobado leyes similares.

Además, la Coprome podría censurar ciertas formas de arte o de expresión que a los ojos de sus funcionarios de turno resulten obscenas. Así, nadie nos garantiza que dichos burócratas no censurarán expresiones de arte desnudo como, por no ir muy lejos, algunas fotografías de Kate Winslet, Demi Moore o Gisele Bündchen capturadas por Mario Testino. Y es que tampoco existen parámetros claros de hasta dónde llega lo obsceno. De hecho, hace casi 50 años, el vocal supremo de Estados Unidos Potter Stewart mostró lo subjetivo que es trazar una línea respecto a esto cuando en una sentencia estableció su método para definir que entra en dicha categoría: “Sé lo que es cuando lo veo”.

De prosperar este proyecto, el Estado tendría una enorme posibilidad de censura. La regla sería que todas las páginas web que la Coprome considere que tienen contenido para adultos se bloquearían para ciudadanos de todas las edades. Por excepción, estas páginas solo serían accesibles cuando un adulto solicite expresamente el desbloqueo de su dirección IP. Se propone un mundo al revés donde la regla general es la censura y la libertad de información es la excepción.

Lo que el congresista Chehade no parece darse cuenta, en fin, es que lo único claramente obsceno en todo esto es el tremendo poder censor que su proyecto le quiere entregar al Estado.