(Editorial) Al César lo que es del César

Al promulgar la Ley del Sineace, la semana pasada, el presidente Humala evocó una reunión que sostuvo con representantes de empresas mineras en la que puso, en palabras oficiales, lo que más de una vez ha sugerido sobre la actividad empresarial: “la maximización de las utilidades no es el norte de las actividades extractivas en el Perú sino debe ser el bienestar general de la República con desarrollo sustentable (sic)”. Este desliz semántico, al margen de lo que en realidad podría haber querido decir el presidente (imaginamos que algún llamado a los mineros a ser más conscientes del entorno en el que operan), desnuda un inconsciente, manifestado a lo largo y ancho de toda la sociedad, que pone como premisa moral de mayor valía la redistribución de la riqueza antes que la creación de la misma.

Lo cierto es que el fin de lucro (la maximización de utilidades) es el principal motor de creación de riqueza. Los miles de peruanos y peruanas que ponen en juego su patrimonio para construir emprendimientos (desde la microempresa más rústica hasta la minera más tecnificada) lo hacen bajo el solo incentivo primordial de poder sacarle rentabilidad, ganancia, utilidad, o como se la quiera llamar, a la inversión realizada. Cualquier otra lógica puesta en práctica representa un acto de caridad. Y las empresas, las que al fin y al cabo son las que crean la riqueza, no tienen por qué hacerlo: no está en su naturaleza.

Con lo anterior no queremos tampoco dar por sentado que esa motivación por el lucro no pueda, en algunos casos, llevar a que algunos empresarios actúen violando derechos ajenos, cosa que el Estado debe impedir firmemente. Pero sí quisiéramos hacer notar lo importante (inclusive moralmente) que resulta que las empresas se dediquen a crear riqueza y maximizar sus utilidades. Y es que esto no solo permite recaudar tributos que luego podrán ser utilizados por el Estado para mejorar la situación de quienes no pueden valerse por ellos mismos, sino que el mero hecho de buscar el lucro personal también termina generando desarrollo por todo lo que arrastra en el camino.

El caso de la minería, al que se refería el presidente Humala, es especialmente apabullante en ese sentido. Aporta aproximadamente un tercio del ingreso total por Impuesto a la Renta que recibe el Estado y genera encadenamientos con empresas de rubros como transporte, puertos, consultorías, aduanas, alimentos, constructoras, etc. (en el 2008, por ejemplo, el monto que adquirió en bienes y servicios dentro del territorio nacional sumó US$7 mil millones). Macroconsult, por otro lado, calculó que la desaparición de esta actividad, por la cantidad de sectores de la economía que dependen de ella, contraería el PBI per cápita en 28,1% y aumentaría la pobreza hasta alcanzar a casi el 50% de la población.

Y por si eso fuera poco, muchas mineras (sobre todo las más grandes) igual adoptan un rol que en principio no les corresponde. Por políticas de responsabilidad social o por pura iniciativa de negocio, contribuyen con satisfacer otro tipo de necesidades de las poblaciones con las que tienen contacto directo (e indirecto), a través de, por ejemplo, la construcción de escuelas o de postas médicas, e inclusive a través de programas de capacitación productiva. Es decir, se terminan encargando de una tarea que, precisamente, debería desarrollar el Estado.

El porqué es inmoral que alguien pueda recibir cuantiosas utilidades del dinero que arriesga limpiamente es una premisa que, al menos desde esta tribuna, nos cuesta mucho entender. Sobre todo partiendo de la base de que es justamente ese proceso el que permite crear riqueza que solo después podrá ser redistribuida, la lógica de achacarle a la minería (y, por ende, a la empresa privada) una responsabilidad que no debería corresponderle no termina de ser convincente. ¿Por qué no se le da al César lo que es del César y aceptamos que lo que mueve la iniciativa privada es el fin de lucro? No sería una mala idea, especialmente teniendo en cuenta que la búsqueda del lucro privado ha sido la principal responsable del impresionante nivel de reducción de pobreza de nuestro país.