Se ha cumplido el segundo año del gobierno del presidente Humala y, de la misma forma que hicimos cuando se cumplió el primero, presentamos un análisis de los que nosotros consideramos los eventos más saltantes de este período.
En el balance, sigue siendo un gobierno que ha tenido algunos aciertos importantes (como mantener las grandes líneas macroeconómicas o iniciar la reforma del servicio civil), pero que aquello que hace con una mano lo suele deshacer al día siguiente con la otra. Y es que, a pesar de haber incorporado en el Gabinete a algunos ministros técnicos y eficientes que realizan una labor destacable, el manejo político del gobierno suele ser improvisado, su capacidad comunicativa muy limitada y, en algunas oportunidades, ha dado señas de aún coquetear con ciertas ideas prehoja de ruta. Por ello, no sorprende que la administración del señor Humala haya terminado enredada en problemas que ella misma crea.
ECONOMÍA Es innegable que, al inicio de su gobierno, el presidente Humala tomó dos decisiones que durante su segundo año le siguieron pagando bastante bien: mantener en la cabeza del BCR al señor Velarde y nombrar ministro de Economía al señor Castilla. No solo porque ello permitió conservar la estabilidad macroeconómica que hace tiempo ostenta el Perú, sino porque, valgan verdades, si algunos reales garantes tiene este gobierno son estos dos señores. Hoy en día, de hecho, poco les importa a los mercados si el ex presidente Toledo (o la mayoría de los otros autodenominados garantes del señor Humala) respalda o no al gobierno, pero bastaría que empiecen a correr los rumores de que se vienen cambios en el BCR o en el MEF para que los inversionistas tengan pesadillas.
No obstante, en lo que toca a otras áreas de la economía, el gobierno camina como canta la canción: un pasito para adelante y un pasito para atrás. Por ejemplo, busca mantener un manejo fiscal ordenado y toma medidas para promover la competitividad (como reformar el Sistema Privado de Pensiones, reforzar las facultades de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas o simplificar los trámites de los estudios de impacto ambiental y de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos). Pero, en paralelo, apuesta por políticas que históricamente han demostrado afectar de forma negativa al fisco y reducir la competitividad de la economía. Es el caso del intento de repotenciar diversas empresas estatales como Petro-Perú, Enapu, Sedapal, Activos Mineros o Agrobanco.
Asimismo, existen muchas dudas sobre la real disposición del gobierno para echar más carbón al que ha sido la gran locomotora de la economía peruana en estos últimos años: el comercio internacional. Por un lado, el gobierno decide formar parte de la Alianza del Pacífico, uno de los bloques comerciales más interesantes de nuestra región. Sin embargo, por otro, el Mincetur parece no tener apuro en celebrar nuevos acuerdos comerciales que serían de la mayor importancia. De hecho, no se entiende por qué no hay un acercamiento con estos fines a la India, el mercado más interesante del mundo con el que aún no tenemos un TLC. Además, el gobierno ha cometido un par de importantes errores en lo referido a la administración de la infraestructura portuaria de la que depende el comercio exterior. El primero, empecinarse en que la ineficiente Enapu participe de las nuevas concesiones de puertos. El segundo, quitar sus funciones a la APN para entregárselas a la Marina, lo que en el pasado demostró ser un obstáculo para el comercio.
Finalmente, no podemos dejar de comentar el peor tropezón en materia económica que presenciamos en este último año. Nos referimos a cuando el señor Humala anunció que buscaba rescatar elementos del manejo económico de la dictadura velasquista y que estaba evaluando la posibilidad de que Petro-Perú se expanda mediante la compra de Repsol. Este es un revés del que el gobierno aún no parece haberse recuperado por completo, pues la confianza empresarial que salió corriendo por esos anuncios aún no termina de regresar.
CONFLICTOS SOCIALES La paralización del proyecto Conga fue una suerte de presagio de lo que vendría los siguientes meses. El movimiento antiminero, usando la excusa de la defensa del medio ambiente para promocionar su proyecto político (que hoy ya tiene nombre y apellido) y aplicando la estrategia que le fue efectiva en Cajamarca, logró paralizar otros proyectos en lugares como Lambayeque, Tacna, Moquegua o Junín. En tanto, el gobierno no ha sido efectivo en defender los derechos de los ciudadanos afectados por manifestaciones plagadas de actos delictivos, ni para permitir que se pongan en marcha aquellos proyectos que cumplen todos los requisitos exigidos por la ley.
Paralelamente, la situación de los conflictos sociales derivados de proyectos extractivos se ha complicado por un instrumento estatal que en teoría serviría para simplificarla: la consulta previa. Se creó un sistema de consulta no vinculante que crea un sentimiento de estafa en las comunidades, pues estas no entienden por qué se les pregunta su parecer sobre un proyecto si luego su opinión puede no ser tomada en cuenta. Además, aún existen los problemas de que el gobierno no tiene una lista definitiva de qué comunidades deben ser consultadas y de que estas últimas no tienen padrones actualizados de sus miembros. La consecuencia de todo esto ha sido la paralización de diversos proyectos en todo el país, pues los inversionistas no saben si están realizando una inversión segura .
La lucha contra la minería ilegal, por otra parte, no parece ir a ningún lado. El gobierno declaró la guerra a esta actividad y emitió una serie de normas para combatirla. ¿Cómo reaccionó frente a las primeras marchas en su contra? Pues reculó y suspendió sus flamantes normas por el plazo de dos años. Además, en los lugares azotados por esta lacra el Estado no destina los suficientes recursos para combatirla. En Tambopata, por ejemplo, a pesar de que la deforestación causada por esta actividad ha aumentado en 48% en el último año, solo hay ochenta policías para controlar campamentos mineros ilegales donde trabajan hasta 5.000 personas, y para cuyo desalojo se estima se necesitarían por lo menos 2.000 efectivos .
REFORMA DEL ESTADO Empecemos con lo bueno: la reforma del servicio civil. El gobierno se compró un pleito que sus antecesores habían preferido olvidar y planteó un proyecto de ley cuya aprobación ha cambiado positivamente las reglas de juego para casi el 40% de los funcionarios públicos. Lo más importante es que los servidores estatales tendrán ahora la obligación de rendir evaluaciones de desempeño, las cuales servirán para premiar a los destacados y separar a los desaprobados. Este podría ser el legado más importante del señor Humala.
Sin embargo, esa lucha para implantar la meritocracia no se ha llevado a cabo en otros importantes sectores del Estado. El caso de la educación es ilustrativo. Este gobierno puso a dormir lo que se avanzó en la administración pasada con la Ley de Carrera Pública Magisterial para implementar un esquema distinto, pero hasta ahora no hay señales claras de que se realizará una evaluación completa a los maestros, ni de que los buenos serán premiados y los malos separados. Asimismo, se han prometido aumentos para el Poder Judicial y el sector Salud sin que se fijen a cambio las metas que deberán alcanzar sus profesionales para mejorar los servicios que prestan. Por otro lado, la única reforma llamativa dentro de las Fuerzas Armadas fue implementar un servicio militar autoritario y discriminatorio (que por suerte ha sido momentáneamente detenido judicialmente).
Finalmente, otra reforma sobre la que habría que llamar la atención es la de los programas sociales. Básicamente, este gobierno ha buscado ampliar la cobertura de los mismos, lo cual es una media buena noticia. Y es que, si bien es positivo que más personas sin recursos obtengan el auxilio de un Estado que por mucho tiempo ha estado ausente, se ha privilegiado para estos fines un esquema clientelista. En vez de concentrar recursos en programas sociales enfocados en elevar la productividad de las poblaciones para que ellas puedan crear sosteniblemente su propia riqueza, el gobierno ha preferido centrarse en programas asistencialistas que crean dependencia del Estado.
SEGURIDAD Si uno revisa las encuestas sobre aprobación del gobierno, salta a la vista que el primer problema que la mayoría de la población encuentra es la inseguridad ciudadana. Y en lo que a este tema respecta, el gobierno tampoco tiene grandes logros que exhibir.
Para empezar, fue lamentable la actitud del ministro Pedraza a inicios de este año cuando decidió que la forma correcta de encarar este problema era minimizarlo: empezó una campaña para convencer a la ciudadanía de que la inseguridad no era real sino solo una percepción que además sería magnificada por la prensa. Por supuesto, el señor Pedraza convenció a muy poca gente y terminó un tiempo después reconociendo que sí hay un problema serio de seguridad que solucionar. Pero parece que, al respecto, se viene avanzando erráticamente.
Como muestra un botón. A inicios del gobierno se anunció “una reingeniería de la policía”, que consistía en una purga que redujo el número de generales a poco más de veinte. A decir del primer ministro de entonces, no podía “ser que la policía tenga tantos generales”. A inicios de este año, sin embargo, el Ejecutivo incrementó el número de generales a 47 y sumó 183 nuevos puestos de coroneles cuando en el 2011 se había propuesto reducir su número drásticamente. Este tipo de marchas y contramarchas da la impresión de que alguien está actuando de manera improvisada. Más aun cuando se han creado varias direcciones que inexplicablemente han puesto en manos de policías tareas en las que ellos no son especialistas, como labores administrativas, presupuestales, de asesoría legal o de gerencia de servicios de salud.
A esto hay que añadir la sensación existente de que el gobierno no tiene control sobre el narcoterrorismo que opera en el Vraem. Esta última semana, por citar un caso, el Consorcio Vial Quinua, encargado de construir la carretera Ayacucho-Vraem, anunció que dejará la zona debido a que su campamento fue atacado por terroristas de la facción de ‘Alipio’. Y a inicios de julio se tuvieron que desactivar seis trampas explosivas colocadas por el narcoterrorismo en el gasoducto de Camisea.
Ahora, ha habido un tema vinculado a la seguridad en la que sí hay un importante éxito del gobierno que destacar: la progresiva recuperación del valle del Monzón de las garras del narcotráfico, gracias a la lucha contra los senderistas que resguardaban la zona y a la implementación de programas de erradicación y cultivos alternativos. No obstante, podría ser pronto para celebrar a lo grande, pues de acuerdo a algunos especialistas el narcotráfico que operaba en esta localidad simplemente se podría haber mudado a otras regiones.
POLÍTICA Quizá uno de los hechos políticos más importantes del último año fue la denegación del indulto al señor Fujimori. Una decisión, por lo demás, correcta y ajustada a derecho, pues el ex presidente no ofreció pruebas de encontrarse en una situación extrema de salud, requisito indispensable para que se otorgue el indulto humanitario.
Lamentablemente, junto a ese acierto, el gobierno ha tenido más de una equivocación política que le ha pasado una factura considerable. Entre ellas, la actitud a veces autoritaria del señor Humala frente a la prensa, el blindaje al ex presidente Toledo, la calificación de Chávez como un ejemplo luego de su muerte, la convalidación de Unasur de la inconstitucional toma de poder del señor Maduro, la poco satisfactoria explicación acerca del reglaje a opositores, la demora para negar tajantemente la intención de que la primera dama postule a la presidencia, o el liderazgo del nacionalismo en la frustrada repartija de los nombramientos para la defensoría, el TC y el BCR.
La suma de todos estos errores ha mermado la popularidad del gobierno y eso podría dificultar que siga avanzando en aquellos temas en los que sí tiene aciertos. Ojalá, por el bien del país, que esta administración aprenda pronto que no hay forma más absurda de tropezarse que con piedras que uno mismo se pone en el camino.