(Editorial) El año 
del gorila

Agrobanco ha vuelto a hacer noticia al anunciar que pretende incrementar en 40% su colocación de créditos (aumentándola a S/.20 millones). Esta vez, sin embargo, quiere dirigir los nuevos préstamos al financiamiento de hectáreas con potencial para el cultivo de quinua.

El final de esta historia ya es bastante conocido. En el Perú, como es tradición, los créditos agrícolas con el tiempo se convierten en regalos, pues pocas cosas hacen más populares a los políticos que condonar deudas (ahí está la Ley Preda para probarlo). Y aún si no se condonan, pésimo trabajo suele hacerse cobrándolas. Según el Instituto Peruano de Economía, a julio del 2012 Agrobanco tenía una morosidad del triple y una rentabilidad de solo un sexto de la del sistema financiero.

Por otro lado, no entendemos cuál sería la lógica de subsidiar esta industria. Si se trata de empresarios ineficientes, las ganancias que ellos obtengan serán a costa de las pérdidas que se trasladen a los contribuyentes. ¿Por qué los segundos deberían regalar dinero a los primeros? Y si, en cambio, se trata de empresarios eficientes (que es lo que parece que sucede pues las exportaciones de quinua han aumentado aproximadamente de US$380 mil en el 2003 a US$40 millones el año pasado), ¿por qué habría que usar recursos públicos para ayudar a gente que le va bien? De hecho, esta “ayudita” podría más bien reducir su competitividad, ya que si el dinero viene regalado, ¿para qué esforzarse?

Por último, ¿qué lleva a que debamos privilegiar a los empresarios de la quinua en vez de a los de otro sector? Según los defensores de esta idea, la razón es que la FAO declaró al 2013 el año internacional de dicho cultivo. Si ese es suficiente motivo, ¿qué debió hacer el Estado el 2009 cuando la Unesco lo declaró “Año Internacional del Gorila”?

A RÍO REVUELTO La lluvia más fuerte registrada en la historia de Arequipa ha dejado saldos nefastos: se estiman alrededor de cinco muertes y mil familias damnificadas. El alcalde de Arequipa, adicionalmente, ha declarado que rehabilitar la ciudad costaría más de S/.100 millones.

Ante esta situación, el congresista arequipeño Gustavo Rondón Fudinaga señaló que la declaración de emergencia en Arequipa y en la provincia de La Unión permitirá destinar recursos para las refacciones necesarias velozmente, sin que se requiera pasar por las aprobaciones de expedientes técnicos de rigor o sin que se realicen licitaciones para los proyectos de reconstrucción.

Lo que no se puede perder de vista bajo ningún motivo, sin embargo, es el riesgo que acompaña a tanta libertad de gasto. Justamente la idea de que existan licitaciones y de que los proyectos tengan que pasar por evaluaciones técnicas de viabilidad es que no se termine construyendo o ejecutando cualquier cosa y que se eviten potenciales actos de corrupción. El caso de Pisco tras el terremoto del 2007 es emblemático. Han pasado más de cinco años y todavía no concluyen los trabajos de refacción (a pesar de que el ministro Cornejo mencionó en agosto del año pasado que a fines del 2012 se terminaría con las obras de agua y desagüe, electricidad y carreteras) y existen ingentes acusaciones de corrupción en el manejo de los más de S/.3 mil millones con los que se contaba para la reconstrucción.

Con lo anterior no queremos decir, claro está, que en situaciones de emergencia no existan mecanismos más sencillos de ejecución de gasto. Pero su fiscalización posterior (por ejemplo, por parte de la contraloría) tiene que ser inmediata y ejemplar. Y es que resulta un escándalo que cuando el río se revuelve como en estos casos los recursos para los damnificados terminen en manos de inescrupulosos pescadores.