(Editorial) Apagando el micrófono

Ayer publicamos una entrevista a Eduardo Gómez Sigala, congresista de la oposición venezolana, quien contó cómo Diosdado Cabello, presidente de su Asamblea Nacional, silencia a todo parlamentario que critique al oficialismo: a la oposición no se le permite votar e incluso se le ha retirado los micrófonos. Todo esto, por supuesto, en complicidad con el Ejecutivo liderado por Maduro y con el apañamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

A nadie debería sorprender la autoritaria actitud del gobierno chavista, pues es muy típico de este acallar las voces que le causan alguna molestia. Es también, por ejemplo, lo que prácticamente ha hecho en lo que concierne a la prometida auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril.

Como recordamos, ante los serios indicios de fraude y debido a la presión de la oposición venezolana, el gobierno del señor Maduro accedió a realizar una auditoría a la controvertida votación por la cual él –supuestamente– salió elegido presidente. Por supuesto, el gobierno decidió que la auditoría se realizaría en sus términos; es decir, sin dar oportunidad a sus opositores para que discutan si estaba bien hecha. Así, el lunes se inició un proceso de revisión en el que no se permite verificar las pruebas de que los ciudadanos efectivamente votaron en el sentido que anunció el Consejo Nacional Electoral. Concretamente, no se está permitiendo que se contrasten las boletas, las actas y los cuadernos de votación con los resultados oficiales de la misma. El gobierno, de esta forma, ha encontrado una nueva manera de silenciar a la oposición.

El partido del señor Capriles, naturalmente, ha preferido ya no participar de la auditoría, pues no tiene cómo auditar nada seriamente. Y, así, la revisión la están llevando a cabo los técnicos del Partido Socialista Unido de Venezuela –el oficialismo– sin contar siquiera con la prometida presencia de los representantes de la Unasur (que de cualquier forma no habría sido de mucha ayuda, teniendo en cuenta que los presidentes de los países que la conforman prefirieron no complicarse la vida denunciando la manera inconstitucional en la que Maduro asumió el poder o presionando por una investigación seria de los indicios de fraude electoral).

En todo caso, que el chavismo guste de encontrar nuevas formas de apagarle el micrófono a sus opositores no es novedad. Lo que sí es nuevo es que esta actitud parece ser contagiosa si uno pasa mucho tiempo en el país llanero. Y es que, aparentemente, el embajador peruano en Venezuela, Luis Raygada Souza-Ferreira, ha contraído este mal, pues anda en campaña por lograr que también se les apague el micrófono a los peruanos que enfrentan al chavismo.

El embajador, por ejemplo, decidió criticar a través de Twitter a los políticos peruanos que recibieron a representantes de la oposición venezolana. Entre otras cosas escribió: “El Perú no permite que políticos extranjeros vengan a decirle a nuestro presidente lo que debe hacer. Encima malos políticos peruanos lo apoyan”. También dijo que es “muy malo que políticos venezolanos vengan al Perú a involucrarnos en sus problemas. Peor que los políticos peruanos se cuelguen de esto”. Y, asimismo, mencionó: “Los congresistas en el Perú deberían trabajar para resolver los problemas de nuestro país en lugar de perder el tiempo en problemas ajenos”.

La posición pro chavista del embajador peruano no es una novedad. En el 2006 fundó el Comité de Apoyo al Partido Nacionalista de Venezuela y basta revisar su cuenta de Twitter para notar que su cercanía con el régimen oficialista llega al punto de defender la reciente agresión a golpes a los diputados opositores en el Congreso venezolano.

Un embajador nuestro debería mantener sus preferencias políticas para sí mismo. Primero, por elemental diplomacia. Segundo, porque los peruanos no financiamos su sueldo para que haga proselitismo chavista o de cualquier tipo, sino para que represente a nuestra cancillería. Por esto, no se entendería por qué razón el señor Roncagliolo podría decidir mantener en su cargo a este embajador político. Especialmente considerando que, si el representado no corrige los actos de su representante, implícitamente nos deja entender que estos son política oficial del gobierno.