(Editorial) ¿Cancha o tribuna?

Esta semana el presidente Humala ha vuelto a declarar que la realización del proyecto Conga está “enteramente en la cancha de la empresa privada”, pues su gobierno ya habría otorgado “los permisos”.

La declaración es tan desconcertante que, si no fuera porque se sabe que este es un tema serio para el presidente, hasta podría parecer broma: Conga ya tenía todos los permisos que necesitaba para comenzar su etapa de construcción –incluidos los permisos de las 32 comunidades de su zona de influencia– cuando la violencia hizo que el Gobierno le pidiese detenerla y pasar a someterse a un peritaje internacional hecho por técnicos independientes.

Luego de este peritaje, por otra parte, el proyecto no tenía ya solo “los permisos”, sino también el dictamen de los peritos diciendo que su estudio de impacto ambiental había estado bien hecho y que no era verdad que Cajamarca tendría menos agua luego de Conga (de hecho, tendría bastante más). La empresa incluso aceptó todas las nuevas e ilegales condiciones que el presidente le exigió para seguir con un proyecto que legalmente ya estaba aprobado. Pero aun así Conga no pudo continuar por la violencia desbordada que volvió a instaurarse en la zona –y que los dirigentes de la protesta amenazan con volver a hacer estallar si la empresa reanuda la construcción de la mina–.

En este contexto, que el presidente diga que el tema está “enteramente” en manos de la empresa porque “los permisos ya están dados” parece querer decir: “no cuenten conmigo para hacerlos valer”. Es decir, una lavada de manos completa del deber principal estatal: hacer respetar el Estado de derecho. Algo muy similar, por cierto, a lo que aparentó hacer el mismo presidente cuando, frente al desborde de la situación de inseguridad en nuestras ciudades, salió a recomendar a los ciudadanos no salir con efectivo a la calle, dejando el tema de la seguridad en la “cancha” ciudadana.

Es profundamente desafortunado que el presidente dé este mensaje en un contexto en el que tanto él como su gobierno vienen esforzándose por recuperar la confianza de los inversores en medio de la desaceleración del crecimiento y, por tanto, de la velocidad con que generamos posibilidades para la “inclusión”. ¿O espera de verdad que a alguien le interese jugarse lo suyo en un país donde el ejercicio de –por ejemplo– los derechos de concesión está supeditado a que no haya quien tome una carretera, queme una municipalidad o, para el caso, sitie toda una ciudad?

Hasta qué punto estaría equivocado el presidente si esperase eso, debió de haberle quedado claro en la convención minera, donde los empresarios decían desde el podio que no se ejecutaría ni un tercio de los proyectos que tiene en cartera el Gobierno, sin prestar ninguna credibilidad a las palabras de los ministros, quienes anunciaban que la gran mayoría de la cartera seguiría adelante. No en vano el Perú no es el único país con yacimientos mineros en el mundo: de hecho, los hay grandes y pacíficos muy cerca de nosotros.

Por otra parte, tampoco es el caso que se necesite recurrir a las declaraciones de alguien para calcular el tamaño de las pérdidas que puede generar esta situación al Perú: para tener una base objetiva basta con sumar los montos de los proyectos mineros detenidos hasta la fecha por “conflictos sociales”. Conga, La Granja, Michiquillay, Galeno, Pucamarca, Tía María, Río Blanco, Toquepala, Cañariaco y los otros proyectos parados suman ya US$22.000 millones.

No obstante estas cifras, debe quedar claro que lo que en realidad hace a este asunto parte de “la cancha” del Gobierno no es tanto el tamaño de los montos perdidos para el país como el que su pérdida se deba a una injusticia cometida contra la verdad y contra derechos que garantizaba la ley. Conga fue un abuso en el que agitadores políticamente interesados engañaron a buena parte de la población cajamarquina con una demostrada mentira, logrando así detener el proyecto por medio de la violencia (que, por cierto, se usó también contra los cajamarquinos que sí estaban de acuerdo con el proyecto y que no querían que, por ejemplo, se cerraran las vías de acceso a la capital regional durante varios días).

Entonces, lo que se juega en Conga no son solo los US$5.000 millones de inversión, y los puestos de trabajo directos e indirectos, y el canon (que Gregorio Santos exige subir al tiempo que combate la minería), y el mensaje al resto de inversores (y de agitadores). No. Lo que se juega en Conga es sobre todo si vamos a tener o no un sistema en el que rija lo que dice la ley y no lo que quiere el que pega más fuerte o suma más gente. Es decir, se juega la capacidad del Estado de hacer que la ley mande. Y cuidado que esta capacidad es aquello de lo que depende que cualquier gobernante pueda tener “cancha” alguna para actuar, en lugar de solo tribuna para mirar.