En lo que toca a la fiscalización de sus recursos el Congreso tiene corona. Y es que, mientras el resto del Estado es fiscalizado por una entidad independiente (la contraloría), el reglamento del Legislativo establece que el jefe de su oficina de control depende de su Mesa Directiva. Así, el Congreso tiene el enorme privilegio (por decisión propia, además) de fiscalizarse a sí mismo.

Ahora, si eso le parece indignante e injusto (especialmente proviniendo de una institución con tan solo 10% de aprobación ciudadana) espere a enterarse de un dato más. Esta prerrogativa autoconcedida no solo es ilógica, sino que además resulta inconstitucional pues la Carta Magna establece que la contraloría debe supervisar a todo el Estado sin excepciones.

Debido al mencionado privilegio (sumado a la triste convención peruana de que el otorongo no comete canibalismo), a nadie le debería sorprender que ocurran escándalos como los del recientemente desaforado señor Urtecho, quien fue acusado de apropiarse del sueldo de trabajadores de su despacho, de encargar labores domésticas al personal del Congreso, de apropiarse de una donación de 621 sillas de ruedas para discapacitados y de utilizar comprobantes de pago falsos para que se le reembolsen gastos por más de S/.243.000.

Cualquier ciudadano esperaría que, especialmente luego de este caso, algo de sangre subiese al rostro del Congreso y que este tomase alguna medida para garantizar una fiscalización independiente del uso de sus recursos. Y, de hecho, hace casi tres meses dio la impresión de que el milagro había ocurrido: a raíz de lo que pasó con el entonces congresista Urtecho, el presidente del Parlamento anunció que dejaría que la contraloría entre a examinar las cuentas de su institución. Así, el señor Fredy Otárola declaró: “Le he pedido a la contraloría que me asista en el control previo, que me ayude en el manejo transparente de la cosa pública”.

Lo que, sin embargo, no anunció el señor Otárola fue que dejaría entrar a la contraloría mas no le quitaría a esta las vendas que el mencionado reglamento (muy convenientemente para los parlamentarios) ha colocado sobre sus ojos.

El contralor le envió al Congreso dos profesionales expertos en contrataciones públicas para ayudarlo en la fiscalización de los recursos. No obstante, según una entrevista que brindó el propio contralor a este Diario, eso no ha sido suficiente para garantizar una evaluación independiente del uso de los fondos del Legislativo, pues se sigue aplicando el reglamento que establece que las acciones de control dependen de su Mesa Directiva. Así, el personal destacado no le reporta al contralor Fuad Khoury sino al propio Parlamento, y por eso este último señala: “No sé lo que está pasando en el Congreso, en qué, cómo y cuánto se gasta”.

En la práctica, el uso de los recursos del Legislativo (esos que en la última década pasaron de casi S/.325 millones a más de S/.500 millones anuales) sigue sin ser fiscalizado con independencia. Y aunque han sido presentados varios proyectos de ley para terminar con esta situación, el Congreso prefiere pasarlos por alto y lanzarlos bajo la alfombra, como de hecho hizo con uno de ellos ayer.

Todo esto demuestra una vez más la necesidad de hacer reformas de fondo en nuestro sistema político para lograr que se elijan mejores parlamentarios. Como hemos señalado varias veces, hay dos de estas que son especialmente importantes. La primera, que el voto se convierta en voluntario, pues el elector que decide acudir a las urnas libremente suele ser el que está mejor informado y quien, en consecuencia, elige mejor. La segunda, reducir el tamaño de los distritos electorales y volverlos uninominales (es decir, que se escoja solo un congresista dentro de ellos) para que los electores de cada circunscripción identifiquen claramente quién los representa y, así, puedan pedirle cuentas y no volver a elegirlo si no realiza una buena gestión.

Mientras que continuemos con el sistema actual hay solo una cosa que podemos esperar con seguridad del Congreso: que no se desprenda nunca de su corona.