(Editorial) ¿Consejo de un pajarito?

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha informado sobre los intereses del gobierno de adquirir los activos de Repsol en el Perú, que incluyen la refinería de La Pampilla, los grifos y la envasadora Solgas. En el programa “La hora N”, explicó que dicha compra se justificaría en la necesidad de garantizar el abastecimiento energético del país. En pocas palabras, el señor Jiménez Mayor, como quien intenta volver a poner de moda las ideas económicas de las décadas de 1970 y 1980, sostiene que el sector de la energía se encontraría más seguro si queda en manos del Estado.

Para empezar, habría que recordar la historia de qué sucedió cuando Petro-Perú tuvo el monopolio de la producción petrolera: en esa época, la empresa estatal se convirtió en una contingencia para la seguridad energética, pues la producción petrolera del Perú bajó de 71 millones de barriles en 1980 a 41 millones en 1991. Como sucede con todo lo que no tiene dueño, salvo excepciones, no había nadie realmente interesado en que la empresa sea eficiente y que sus recursos no se utilicen para fines populistas, como lamentablemente acabó sucediendo.

Por otro lado, es muy discutible que hoy en día Petro-Perú pueda encargarse de la operación eficiente de nuevas instalaciones cuando ni siquiera puede con las que ya tiene. La modernización de la refinería de Talara lleva esperando años y, como señaló el ex ministro de Energía y Minas Jaime Quijandría, el gobierno anda en círculos con este proyecto. No existen planes ni plazos reales. Lo único seguro es que, cada cierto tiempo, el presupuesto que el Estado espera destinar aumenta sorprendentemente. A fines del año pasado, el actual ministro del sector anunció que el costo del proyecto sería de más de US$3.450 millones, el doble de lo estimado inicialmente, lo que supone un nuevo obstáculo para su concreción. Y así, a pesar de que no puede con la que ya tiene, hoy Petro-Perú quiere comprar una nueva refinería.

Por lo demás, si Petro-Perú fuese un ejemplo de eficiencia, no necesitaría que el Tesoro Público subsidie sus proyectos. Recordemos que a fines del 2012 el Congreso transfirió a la empresa estatal la nada despreciable suma de S/.1.056 millones para que participe en el desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país. Una empresa realmente eficiente y con un proyecto rentable conseguiría fácilmente financiamiento. Petro-Perú, en cambio, prefirió que el Congreso (mediante una ley que solo tenía tres irresponsables líneas de análisis costo-beneficio) le meta la mano al bolsillo de los contribuyentes para financiarse. ¿Es acaso pasar la cuenta de proyectos pobremente evaluados a los ciudadanos una garantía de buena gestión?

Lo más paradójico es que el gobierno quiere hacernos creer que la solución a nuestros problemas energéticos radica en entregarle a él el control de más recursos, cuando la verdad es que los mismos tienen su origen en una gestión estatal incompetente. Por un lado, el número de concesiones de lotes petroleros entrampadas por “razones de fuerza mayor” (que no son otra cosa que trabas burocráticas o reclamos ambientales no resueltos) ha aumentado en 40% en el último año. Y, frente a esto, el gobierno actúa como un espectador impávido. Asimismo, muchas operaciones petroleras se encuentran entrampadas por la deficiente regulación de la consulta previa (es el caso, por ejemplo, del lote 192). Y la concentración de nuestro sistema de energía es también responsabilidad del Estado, que dejó de autorizar hace tiempo la creación de nuevas hidroeléctricas y que fijó tarifas demasiado bajas para el gas del lote 88 de Camisea, lo que a su vez desincentivó a los privados a buscar nuevas fuentes de gas.

Nadie entiende quién puede haber convencido al gobierno de ir en contra de la experiencia, de la lógica y, como han señalado muchos especialistas, de la Constitución. ¿Habría, quizá, que empezar a preocuparnos? No vaya a ser que la triste realidad sea que al presidente Humala, como hoy sucede en América Latina, lo haya convencido un pajarito.