(Editorial) El corcho del crecimiento

Las declaraciones hechas por altas autoridades del Gobierno al inicio de la reunión en Lima de la versión latinoamericana del World Economic Forum son una muestra más de cómo el Gobierno tiene el acierto de promover en el exterior la inversión en el Perú. Lo desconcertante, sin embargo, es que no haga lo mismo dentro del país, donde más bien permite cada vez más que el peso de sus kafkianas sobrecargas administrativas y de su ausencia de predictibilidad jurídica paralicen inversiones que ya suman varios miles de millones de dólares.

Si la causa de esto es que el Gobierno ha asumido el crecimiento como algo que es ya simplemente una característica consustancial del Perú –como, digamos, el cruce de las corrientes de Humboldt y El Niño–, pues entonces vamos a ver sorpresas.

De hecho, tenemos señales de que dos de los principales sectores de nuestra economía se están deteniendo. En efecto, este marzo la importación de bienes de capital y materiales para la construcción ha caído en 9,5% (luego de 39 meses continuados de crecimiento) y ha sido un 20% menor a la que se registró en marzo del año pasado. Y esto solo viene a sumarse a la ya antigua y continuada noticia de la desaceleración de nuestro sector minero: hace poco la SNMPE anunció que el 50% de la cartera de proyectos que existían para el período 2012-2016 –es decir, veinte proyectos por un valor total de US$25.000 millones– se encuentra detenida.

La relación del frenazo de la minería con los sistemas de permisos estatales, por un lado, y con la ausencia de seguridad jurídica, por el otro, está bien documentada. A manera de ejemplo paradigmático de esto último, todos pudimos ver cómo un proyecto de la envergadura de Conga (US$4.800 millones de inversión) se paró a base de acusaciones que un peritaje internacional demostró eran falsas, pese a haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos legales que le eran aplicables. Y como ejemplo de lo primero, basta ver que Quellaveco (alrededor de US$3.500 millones) está a punto de postergarse indefinidamente, luego de haber esperado veinte años y de finalmente haber alcanzado acuerdos con la población. Todo, mientras los precios de los minerales parecen haber dejado atrás su tendencia alcista e iniciado un largo ciclo a la baja

La forma, por su parte, como nuestro Estado está ahogando el crecimiento de la construcción es tal vez menos conocida pero no por ello menos eficaz.

No se trata solo de los proyectos inmobiliarios, aunque no hay que subestimar el efecto que la anquilosis de nuestras municipalidades está teniendo en ellos, como lo ha denunciado varias veces ya Capeco. Se trata también de los grandes proyectos de infraestructura. Proyectos como la autopista a Ica, que ha sido otorgada hace ya años pero que no puede avanzar porque las expropiaciones le toman una eternidad al Ministerio de Transportes y porque el Congreso no aprueba la ley que permite un procedimiento más expeditivo. O la segunda vía Huacho-Pativilca, detenida porque ese mismo ministerio no resuelve una adenda para adelantar la inversión. O la autopista de Sullana a Trujillo. O el proyecto de tubería matriz de la red de gasoductos parado desde hace un año. O la asociación público-privada para construir y operar un hospital en el Callao por US$45 millones, demorado porque la oficina de contratos de Essalud no certifica avances o no aprueba modificaciones. O la planta de tratamiento de La Chira (US$200 millones), exitosamente concesionada, pero igualmente detenida hace más de un año porque la Municipalidad de Chorrillos no otorgaba la licencia de urbanización –algo que no tenía sentido exigir– y aun no da la de construcción. Etcétera.

Demás está decir que la parálisis de cada uno de estos proyectos de infraestructura trasciende el sector construcción y funciona como cuello de botella en muchos otros aspectos de nuestra economía.

En suma, ni el crecimiento es algo que tenemos comprado ni tiene mucho sentido que el Estado siga buscando inversiones afuera si es que luego él mismo va a funcionar como un corcho dentro del país. Si queremos descorchar las fuerzas del crecimiento y contrarrestar la ralentización que algunos indicadores ya parecen anunciar necesitamos acelerar el hasta ahora solo anunciado “shock de gerencia” y la simplificación administrativa, además de empezar a funcionar como un Estado de derecho con garantías reales. Después de todo, no lo olvidemos, solo tiene sentido hablar de “inclusión” cuando se crea riqueza en la cual ser incluidos.