Acaba de publicarse una nueva edición del Latinobarómetro (encuesta de percepciones realizada en 18 países de América Latina) y algunos resultados sobre el Perú son sin duda preocupantes. Nos referimos, específicamente, a que el 36% de los peruanos encuestados considera que la democracia puede funcionar sin partidos; a que el 35% cree que esta puede funcionar sin Congreso; y, finalmente, a que solo el 25% de nuestros compatriotas declara sentirse “muy” o “bien” satisfecho con la democracia. Así, una de las cosas que permite diagnosticar el Latinobarómetro es que, en nuestro país, la fiebre antidemocrática sigue alta.
Por supuesto, tampoco es que estas cifras sean una novedad. Después de todo, en cada elección presidencial alrededor de un tercio de los peruanos no tiene inconveniente en apoyar a un movimiento “antisistema”. Uno que represente el descontento popular con el sistema político y que ponga en riesgo la estabilidad democrática y económica de la que gozamos hace ya varios años.
Ahora, ¿cómo curar esta fiebre? Pues empecemos por reformar el sistema electoral. Para comenzar, reduzcamos el tamaño de los distritos electorales y hagamos que se elija solo un parlamentario en cada uno.
Esto, por un lado, permitiría que la gente identifique claramente quién es su representante en el Congreso y facilitaría la rendición de cuentas, lo que a su vez haría que los ciudadanos se sientan mejor representados y que confíen más en la democracia.
Por otro lado, al competir los movimientos políticos por un solo escaño en cada distrito, tenderían a unir fuerzas en pocos partidos (idealmente dos), lo que los llevaría a que para ganar elecciones tengan que apuntar a la mayoría de votantes (que son moderados y creen en la necesidad de democracia), en vez de a grupos de votantes radicales y de extremos. Así, también se reduciría el incentivo para que aparezcan “antisistemas” que pongan en riesgo al país.
Por supuesto, hay mucho más por hacer. Pero sin una reforma seria del sistema político será muy difícil que, finalmente, baje esta peligrosa fiebre.
NO LE HAGAS A OTROS Como se sabe, la Ley del Servicio Civil estableció, para los que se incorporen al nuevo régimen, que la compensación por tiempo de servicios (CTS) se pagará al final de la relación laboral y su monto será el que resulte de multiplicar el sueldo promedio de los últimos tres años por el número de años trabajado. Este procedimiento difiere del que rige en el sector privado, donde la empresa debe depositar semestralmente en el banco un dozavo del sueldo anual del trabajador.
¿Por qué se estableció este trato diferenciado? La explicación del Ejecutivo fue que la fórmula que rige para el sector privado es financieramente inviable. Es decir, el gobierno admitió que la regulación laboral general es tan gravosa que prefiere crear una excepción para él.
Claro, tampoco es que esto sea una sorpresa. Por años, el Estado inventó numerosas triquiñuelas para pagar a sus empleados sin asumir el costo del seguro, de la CTS y de otros beneficios, con lo cual se convirtió en el mayor empleador informal del país. Mediante la Ley del Servicio Civil se ha realizado un gran esfuerzo para eliminar la mayoría de estas situaciones, pero ni aun así el Estado está dispuesto a someterse a un régimen igual que el de los privados.
Todo esto es un argumento más para una reforma laboral profunda, no solo para evitar que el Estado tenga que crear estos regímenes discriminatorios, sino además para fomentar la creación de nuevos trabajos y las inversiones. Podríamos empezar, por ejemplo, suprimiendo la indemnización por despido y convirtiendo a la CTS en un seguro por desempleo que proteja a quien busque una nueva ocupación. Así, se flexibilizaría el mercado laboral, se crearían más oportunidades de empleo y se protegería a los trabajadores.
En todo caso, la controversia por la CTS le debería enseñar al Estado que la medida que él debería aplicar para evaluar la razonabilidad de una carga laboral bien podría ser la que dicta el viejo dicho: “No le hagas al resto lo que no qui eres que te hagan a ti”.