(Editorial) Despolitizando la política

Recientemente, la bancada PPC-APP ha presentado un proyecto de ley con la intención de “despolitizar” las elecciones del defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). En palabras de Javier Bedoya de Vivanco, congresista de dicha bancada, “lo que queremos es establecer un sistema más objetivo, menos politizado y que no se preste a tanta controversia. Que sean entidades y órganos independientes los que escojan a los precandidatos”.

La idea es buena, pues, para lograr su objetivo, el proyecto de ley propone alejar la selección inicial de los candidatos de las manos de los partidos. Para la elección del defensor del Pueblo, por ejemplo, se plantea la creación de una comisión en la que participen un representante designado por el presidente del Congreso, uno designado por el fiscal de la Nación y otro más designado por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta comisión recibirá y evaluará propuestas de candidatos remitidas por entidades como los colegios de abogados, las facultades de Derecho o la Corte Suprema de Justicia, las que además serían publicadas en la web y filtradas por Servir o alguna entidad privada reconocida en el ámbito de selección de recursos humanos. La comisión, finalmente, le presentará una terna de candidatos al Congreso, el que votará por alguno para elegir al defensor.

Este sistema haría más difícil que ocurra una nueva ‘repartija’, donde los partidos se repartan los cargos públicos como si estuviesen sirviéndose una torta y sin tener empacho en designar a personas cuyo único mérito es ser incondicionales de una facción política.

Ciertamente, hay aspectos del proyecto que se podrían mejorar. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto antes que los miembros del TC sean elegidos de entre los árbitros más prestigiosos del país (y es que la mejor prueba de su competencia es que los ciudadanos voluntariamente los escogen para resolver sus conflictos). No obstante, el proyecto de ley es un paso en la dirección correcta para realizar estos importantes nombramientos. Y es que, en este caso, para que la política funcione, aparentemente hay que despolitizarla.

INTEGRACIÓN QUE SÍ VALE La semana pasada informamos que la Alianza del Pacífico (bloque formado por el Perú, Colombia, México y Chile) alcanzó un acuerdo para eliminar aranceles comerciales. El consenso beneficiaría al 92% de bienes y servicios comercializados, los que se transarían libres de aranceles tan pronto como el acuerdo entre en marcha, aproximadamente durante el cuarto trimestre de este año (el resto de los bienes y servicios se iría desgravando en el transcurso de los años, según refirieron representantes de los gobiernos de los países miembros de la alianza).

Por qué esto es una buena noticia para nuestra economía, ya lo hemos dicho antes: los cuatro países miembros de la alianza tienen una población combinada de alrededor de 210 millones de habitantes, y su PBI combinado representa más de un tercio del de toda América Latina, lo que supone una gran oportunidad para nuestros consumidores y empresarios.

La Alianza del Pacífico, además, es una prueba de que las economías de mercado son las que más tienden naturalmente a la integración. Sin muchos aspavientos, sus miembros han alcanzado un nivel poco antes visto en la región en lo que respecta al levantamiento de las barreras que impiden que sus ciudadanos puedan acercarse entre sí. No sorprende, por eso mismo, que ya se haya confirmado la incorporación de Costa Rica, que se espere que pronto Panamá se convierta en el sexto miembro, y que países como Japón, Estados Unidos, Australia o Indonesia hayan manifestado intenciones serias de integrarla.

El contraste con lo que sucede con otros esquemas comerciales donde prevalecen economías con tendencias más estatistas es revelador. La integración del Mercosur anda congelada hace ya varios años. Unasur, por su lado, no pasa de ser una cumbre que prácticamente solo ha servido para legitimar una serie de prácticas poco democráticas de los gobiernos que en ella participan. Y es que, después de todo, las economías de mercado lo que tienden a buscar es la mayor cantidad de oportunidades para sus consumidores; mientras que las economías estatistas, la mayor cantidad de oportunidades para sus gobernantes.