(Editorial) Educación: una nueva oportunidad

A pocos días del proceso electoral que definirá si la alcaldesa Susana Villarán permanece en su cargo, vale la pena reflexionar sobre una tarea enorme que ella tendrá que enfrentar si los limeños eligen no revocarla, o que, en todo caso, deberá asumir su sucesor. Nos referimos a uno de los problemas más grandes que afecta a nuestro país y que para el caso de Lima, desde este año, se encuentra en manos de la municipalidad metropolitana: la gestión de las escuelas públicas de la capital.

Hasta el año pasado el Ministerio de Educación se encargaba tanto de la planificación de la política educativa de las escuelas como de la administración de las unidades escolares. Es decir, el Gobierno Central se hacía cargo, por un lado, del planeamiento de aspectos como los currículos o los materiales de estudios y, por otro, de cómo se prestaba el servicio en cada colegio. Esta situación cambiará a partir de este año. El ministerio seguirá siendo la entidad competente para establecer la política educativa, pero la Municipalidad Metropolitana de Lima será la encargada de la administración de las escuelas de la capital. Por eso durante el año pasado el ministerio y la municipalidad declararon en varias oportunidades que estaban inmersos en un arduo proceso para ejecutar la transferencia de dichas funciones. Esto significa que la alcaldesa Villarán, de continuar en el cargo (o en todo caso su sucesor), tendrá un poder enorme para enfrentar uno de los problemas que más retrasa el progreso de nuestra ciudad.

La municipalización de la administración de las escuelas públicas limeñas ha sido un paso importante. Su lógica es sencilla: mientras más cerca a la ciudadanía esté el responsable político de un servicio estatal, mayor es la posibilidad de que la calidad de dicho servicio mejore (razón por la cual este Diario hace una semana propuso en su editorial “Munipolicía” que sería importante encargar la mayoría de labores de la policía a los gobiernos distritales). Y es que el alcalde de Lima tiene mayores posibilidades de conocer la problemática de las escuelas de su ciudad que un ministro de Educación, que tiene que conocer las de todo el país. El alcalde, además, es un funcionario al que la ciudadanía le puede pedir cuentas en las urnas, a diferencia de un ministro, que solo responde al presidente o, en todo caso, al Congreso. En resumen, este nuevo sistema podría generar incentivos para que exista una administración educativa más especializada y responsable que la que ha existido hasta el momento.

Y vaya que necesitamos más responsabilidad en este asunto. Los escolares en el Perú parecen estar condenados a recibir una de las peores educaciones del mundo. Según el último examen PISA, la evaluación internacional de estudiantes, nuestro país figura en los peores cinco puestos de los 65 países evaluados en todas las materias educativas. Esta situación no debería sorprendernos cuando vemos que el Estado falla incluso en los aspectos más básicos de la prestación de este servicio. Como mencionamos en nuestro editorial del sábado, según el director regional de Educación, este año unas 200 escuelas públicas limeñas han incurrido en irregularidades, como cobros ilegales de matrículas, entre otros.

Así, la señora Villarán (o su eventual sucesor) debería usar los nuevos poderes del municipio para iniciar la reforma educativa radical que Lima necesita. Lamentablemente, este cambio será muy difícil de concretar mientras que la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Metropolitano esté encabezada por figuras vinculadas al Sutep y al Partido Comunista Peruano Patria Roja, movimientos que por años han defendido el statu quo y que se han opuesto a cualquier reforma educativa para defender los privilegios de las cúpulas magisteriales. Y a la señora Villarán le será muy difícil enfrentar a estas organizaciones, pues su propio partido las llevó al municipio. No olvidemos que los miembros del Sutep Inés Cecilia Rodríguez Velásquez y Olga Morá Araujo, presidenta y vicepresidenta de dicha comisión, respectivamente, llegaron a la municipalidad como parte de los regidores de Susana Villarán.

Si la alcaldesa permanece en su cargo y quiere tomarse en serio el tema educativo, debe adoptar una decisión complicada: romper con el Sutep, pese al costo que ello pueda suponer para su alianza política.