(Editorial) Una educación superior

El proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (Procalidad), que en asociación con el Banco Mundial ha lanzado el gobierno, constituye una muy buena iniciativa que debe ser celebrada y apoyada. Ya sabemos que el de la educación superior es uno de los principales cuellos de botella que, crecientemente, enfrenta nuestro camino hacia el desarrollo (no por coincidencia es uno de los temas en que peor hemos quedado en la recién publicada última edición del Índice Global de Competitividad). Y este proyecto aborda el problema por el lado correcto: el del empoderamiento del consumidor, buscando darle la información necesaria para que sea él quien decida en qué tipo de centro de educación superior (sea una universidad o un instituto superior) quiere estudiar. Ello, en lugar de las normas intervencionistas por las que se busca que sea la burocracia la que decida qué características deben tener estos centros de estudio, adivinando lo que necesitan –y lo que pueden costear– los diferentes tipos de estudiantes que existen en el país.

Así, Procalidad busca desarrollar un sistema de información pública que permita que los usuarios (alumnos y padres de familia) de los centros de educación superior sepan cómo les va a los egresados de cada centro luego de graduarse de él. Así, antes de escoger un centro superior dado, los usuarios podrían saber cosas como qué porcentaje de graduados del mismo trabaja en las carreras que estudiaron, o qué posiciones tienen y cuánto ganan en estas.

Por otra parte, el proyecto busca fortalecer el sistema nacional de acreditación de los centros de educación superior (y darle nivel internacional, según ha explicado el propio presidente Humala), lo cual es también una buena noticia en tanto que va en la línea de lo anterior: dar más información a los consumidores, poniendo en su conocimiento cuáles centros han logrado este certificado de calidad y cuáles no (el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa es voluntario, según la ley que lo crea).

Ahora bien, ser coherentes con este proyecto significaría dejar sin efecto todos los otros planes y normas que quitan el control de las manos del consumidor al que Procalidad intenta empoderar, y lo ponen en las manos de la burocracia estatal.

Así, por ejemplo, si se va a asumir el esquema de Procalidad ya no tiene sentido insistir en el proyecto de ley universitaria que se ventila en la Comisión de Educación del Congreso, el mismo que, al establecer un diseño de universidad uniforme e impuesto “desde arriba”, desconecta a estas instituciones de la posibilidad de seguir –y adaptarse– a los requerimientos del mercado laboral y a las necesidades y posibilidades de sus propios alumnos. Ello, por no decir que también se trata de un proyecto que, en su afán de lograr lo que considera que necesitan los (consumidores de educación superior) estudiantes superiores, impone a los centros de estudio una serie de requisitos, obligaciones y controles francamente irracionales, además de violatorios de la autonomía universitaria.

Por otro lado, con este proyecto tampoco tiene razón de ser la absurda ley que impide la creación de nuevas universidades en el país. Lo importante es que los que las pagan sean quienes decidan, sobre bases informadas, cuáles universidades sobreviven y cuáles no.

Finalmente, y por las mismas razones, otra consecuencia de este proyecto tendría que ser el fin del asfixiante controlismo que hoy sufren los institutos superiores por parte del Ministerio de Educación. Por ejemplo, la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste) se viene quejando reiteradamente de que, en un contexto en el que hay que responder a la demanda creciente de nuevas carreras técnicas, el Ministerio se demora dos años en aprobar cualquier carrera nueva, sin que haya silencio administrativo positivo. También, absurdamente, debe aprobar cualquier modificación a las mallas curriculares, lo que nunca se puede saber cuánto demorará porque resulta que el procedimiento no está normado. Además, los títulos para los egresados de los institutos se demoran más de 18 meses en ser “procesados”. Por si esto fuera poco, los institutos no pueden establecer convenios con empresas industriales o mineras para que los estudiantes puedan hacer pasantías en ellas aprovechando los laboratorios, maquinaria e infraestructura. Y así siguen los ejemplos.

Procalidad, en fin, es un gran paso en el sentido correcto que no debe de ser desvirtuado por varios otros pasos en el sentido contrario.