“Se ha escuchado mucho en estos días… todo el mundo opina, todo el mundo esboza teorías, y se ha creado una serie de novelas y de afirmaciones que no tienen mayor base”. Esto es lo que señaló el presidente Humala cuando hace dos semanas dio una entrevista en la que trató de aclarar el caso del irregular resguardo brindado al operador de Montesinos, Óscar López Meneses. En esta misma entrevista, el mandatario también indicó enfáticamente que, “en base a hechos objetivos más que elucubraciones novelescas”, se ha determinado que se trataría nada más que de un caso de corrupción policial.

Cualquier persona esperaría que, si el oficialismo está tan seguro de que se trata de un simple caso de corrupción policial, él fuese el más interesado en que este tema se investigue de una buena vez, en que se determine quiénes son los policías que forman la supuesta mafia, y en que las “novelas” de las que habló el presidente concluyan definitivamente. Por esta razón, no entendemos por qué la bancada de Gana Perú sigue colocando tantas trabas a la formación de una comisión en el Congreso que llegue hasta el fondo de este asunto.

Primero, el partido de gobierno intentó que simplemente no se forme una comisión especial, insistiendo en que fuese la Comisión de Defensa y Orden Interno o la Comisión de Inteligencia la que investigue el caso de López Meneses. Esta propuesta, por supuesto, resultaba muy conveniente para Gana Perú, pues al presidir ambas tendría un gran poder para controlar la investigación y, de ser necesario, hacer que esta última llegue al mismo lugar al que llegaron las pesquisas sobre el supuesto reglaje a periodistas: a ninguna parte.

Luego, el oficialismo impidió que se debatiese en el pleno del Congreso la formación de una comisión multipartidaria investigadora. Como si esto no fuese suficiente, presionó (y sigue presionando) para que la investigación comprenda todos los nexos del montesinismo con el Estado Peruano desde la década de 1990 (como para que los peruanos tengamos que esperar más o menos unos 20 años hasta que se encuentre al responsable de brindarle protección al operador de Montesinos).

La historia, no obstante, lamentablemente no termina ahí. El pasado viernes, el presidente del Congreso, Fredy Otárola, suspendió la sesión del pleno en la que se debatía la creación de la mencionada comisión investigadora. Según lo que él manifestó, “los enfrentamientos aumentaron y en esas circunstancias era imposible continuar” (los enfrentamientos convenientemente propiciados por su bancada, dicho sea de paso). Finalmente, el señor Otárola argumentó que había que detener la discusión “por no estar claro el reglamento” del Parlamento en lo referente a cómo formar la comisión (como si fuese la primera vez que se forma una en el Congreso).

Las excusas que Gana Perú ha usado para seguir dilatando el debate, por lo demás, muestran un doble estándar inaceptable del nacionalismo. Por un lado, este insiste en que debe formar parte de la comisión que investigará al gobierno, a pesar de que tratándose de la megacomisión que investiga la gestión del Apra ningún aprista forma parte de la misma (lo que tiene sentido, pues un fiscalizado no debería ser fiscalizador de sí mismo) y olvidando que, durante el gobierno pasado, el señor Abugattás fue quien presidió la investigación del caso de los ‘petroaudios’.

Si solo se trata del caso de una mafia policial que vendía servicios de protección al mejor postor, ¿por qué Gana Perú pone tantas trabas para la formación de una comisión independiente? ¿No que el gobierno no tiene nada que esconder? Si todo es como dijo el señor Humala, no debería haber necesidad de seguir dilatando un proceso supuestamente sencillo de resolver. El oficialismo debería ser el primero en buscar ponerle fin a las “novelas” y a las “teorías” que especulan que los hilos de la corrupción llegan hasta más arriba del Estado. Salvo, por supuesto, que de novelas no se trate.