(Editorial) La Franquicia II

En un editorial pasado explicamos cómo la izquierda radical ha desarrollado una estrategia de sabotaje a los proyectos mineros compuesta por una serie de pasos y procedimientos que se aplican de manera idéntica en diversos puntos del territorio nacional, a modo de una franquicia. Se comienza, decíamos, con la diseminación del miedo entre la población difundiendo una serie de mentiras, principalmente la falsa idea de un daño ambiental no probado y, por lo general, sencillamente inventado.

Así, por ejemplo, en el caso del proyecto Cañariaco en Cañaris, la batería de mentiras incluye –según refieren Oswaldo Carpio y dirigentes que han estado en Lima– lo siguiente: que la empresa ha contaminado el agua (lo que es imposible porque el proyecto está recién en fase de exploración) y que, como consecuencia, los hijos de los pobladores van a nacer deformes; que los animales y las truchas de los ríos se están muriendo; que la empresa está deforestando, entre otras falsedades. Como si fuera poco, a todo esto se añade la delirante versión de que las muestras de sangre que el cuerpo médico de la empresa les extrae a los trabajadores para determinar su estado de salud son vendidas a Estados Unidos y luego van a ser reinyectadas para que los hijos de los cañarenses nazcan con enfermedades incurables a fin de quedarse con sus tierras. El guion de la farsa que representan, en fin, es digno de un capítulo de “Los expedientes secretos X”.

Paralelamente, hace unos días, luego de que la policía desalojara un bloqueo de carretera, Ydelso Hernández (militante de Patria Roja y presidente del frente de defensa de Cajamarca) publicó en su Facebook que la policía genocida había matado a balazos a dos comuneros y herido de gravedad a cuatro. Esta versión circuló en las radios y no sabemos si esas mismas emisoras publicaron el desmentido: que apenas hubo contusos porque la policía usó balas de goma. Luego, para coronar la ficción, se llegó al extremo de pasear el cadáver de un anciano como si hubiese fallecido a consecuencia de las balas, cuando la causa había sido un infarto al corazón y ni siquiera estuvo presente en los hechos.

En Tacna, por otra parte, la semana pasada los manifestantes contra la mina Pucamarca también se encargaban de que la mentira tuviese alcance nacional. Ellos repartían volantes que decían “No al cianuro, sí a la vida”, sin referir, por supuesto, que el proceso de lixiviación de la minera usa cianuro pero en circuito cerrado, de modo que es absolutamente imposible que haya vertimientos.

A toda esta serie de mentiras, como señalamos en nuestro pasado editorial, el sistema de franquicias antimineras suma una estrategia de amedrentamiento y agresión a los opositores. En Cañaris, por ejemplo, a quienes expresan simpatía por la inversión los amenazan con quitarles sus tierras y a quienes no asisten a las movilizaciones se les amedrenta con multas de S/.200. Los antimineros incluso los persiguen para pegarles y aplicarles lo que llaman un “juicio popular”. Rondas de Jaén y Cutervo aparecen para presionar e inician incendios.

Por otro lado, en Cajamarca, y particularmente en Celendín, se implantó una censura total por medio de la fuerza. Como refiere lampadia.com, antes de la primera revuelta contra Conga había en esa ciudad cuando menos nueve programas periodísticos que opinaban libremente en la radio y la televisión. Durante las manifestaciones solo quedó Radio Celendín, con autorización para injuriar, increpar y mentir en contra de Conga. Los periodistas Eder Alcántara, Eli Guerrero y Jesús Chávez Pereyra, entre otros, fueron agredidos, vejados y obligados a portar carteles o hacer comentarios contra Conga. Algunos de esos programas han reaparecido, pero no pueden tocar el tema minero si no es en contra.

Así, como denunciamos hace poco, el sistema de franquicia antiminera que se está multiplicando por todo el Perú sigue aplicando su exitosa fórmula. Y para pena del país, a este paso, como cualquier negocio pujante, es probable que se siga expandiendo.