(Editorial) La gallina ciega

Hace diez años, buscando que los ciudadanos pudiéramos obtener información sobre la actuación de las entidades estatales, el Gobierno promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley establece que las entidades públicas deben difundir a través de los portales de transparencia sus normas, documentos de gestión e información presupuestal, adquisición de bienes y servicios, actividades oficiales, entre otros datos. La ley regula además el derecho que tiene toda persona a recibir información de cualquier entidad de la administración. Una década, sin embargo, no ha sido suficiente para que todas las entidades se animen a cumplir con esta ley. Y los ciudadanos, cual niño que juega a la gallina ciega, seguimos con una venda sobre nuestros ojos tratando de alcanzar la información del Estado.

El problema, por supuesto, es que no se trata de un juego. Ya a comienzos de año el Consejo de la Prensa Peruana aseguraba que una evaluación realizada a veinte entidades del Gobierno Central reveló que solo la mitad de ellas había actualizado en el plazo legal la información de proyectos de inversión, presupuesto ejecutado, contrataciones, adquisiciones y personal. Un informe presentado este año por la Defensoría del Pueblo llegó a conclusiones similares: durante el 2012 las municipalidades distritales de Lima Metropolitana cumplieron solo en 44% de los casos con la difusión de información pública mediante sus portales de transparencia. En rubros como información sobre las contrataciones, este promedio bajaba hasta el 25%. Incluso muchas municipalidades registraron 0% de cumplimiento en áreas como información sobre planeamiento y organización, información presupuestal y proyectos de inversión pública.

A los problemas de falta de información, se le puede sumar el de datos poco exactos. A inicios de este mes, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima registró en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas que la construcción del parque del Migrante estaba ya ejecutada al 100%. Este proyecto, sin embargo, ni siquiera ha empezado a construirse. La justificación de la municipalidad fue que es práctica común considerar ejecutadas al 100% las obras transferidas de una entidad a otra (en este caso habría sido transferida a Servicios de Parques de Lima). Es decir, en casos como este, es práctica común inducir a error a los funcionarios que quieran fiscalizar a alguna entidad.

En lo que toca a los pedidos de acceso de la información, los problemas también son grandes. Un informe publicado este mes por la defensoría reveló que esta institución recibió 6.714 quejas contra más de 2 mil entidades públicas del 2003 al 2012 en materia de transparencia y acceso a la información pública, de las cuales más de 700 se presentaron el año pasado (y es razonable presumir que la mayoría de ciudadanos a los que se les niega información ni siquiera se dan la molestia de denunciar el hecho).

Quizá una de las razones que explican estos problemas es que en la práctica no hay quién fiscalice el cumplimiento de la ley de transparencia. Actualmente, cada entidad pública es la encargada de fiscalizar a sus funcionarios encargados de cumplir con las obligaciones de transparencia. Por obvias razones, este sistema rara vez funciona. Según la defensoría, una buena parte de los responsables de este tema en las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y en los 19 ministerios no ha recibido capacitación, no cuenta con el personal de apoyo o con las herramientas tecnológicas para realizar sus labores, y ni siquiera sabe quién los fiscaliza. La mayoría de las mencionadas entidades ni siquiera tiene normativa interna para regular estas actividades o registros para clasificar la información. Y solo se conoce de un ministerio donde alguna vez se ha impuesto sanciones por el incumplimiento de obligaciones de transparencia.

Por todo esto, es necesario que una entidad independiente fiscalice estas obligaciones y sancione su incumplimiento (existe un proyecto de ley en este sentido presentado por la defensoría, pero el Congreso no se ha dignado ni siquiera a dictaminarlo). Por ejemplo, podría entregársele esta función al Indecopi, que ya se encarga del control de las barreras burocráticas, y darle recursos y fuerza legal para sancionar a los funcionarios que nos ponen a los ciudadanos una venda en los ojos.