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El paro convocado por la CGTP tiene una agenda principalmente conservadora. Así exige como puntos centrales la derogación de la Ley de la Reforma Magisterial y la Ley del Servicio Civil (LSC), acaso las dos reformas estructurales más importantes a las que se animaron el gobierno anterior y el actual, respectivamente.
A juzgar por las declaraciones de sus representantes, la CGTP no quiere estas reformas ni, en realidad, ninguna otra que pueda traer la rendición de cuentas, la exigencia de resultados, la posibilidad de diferenciarse por el propio esfuerzo ni, en una palabra, la meritocracia, a la vida de nuestras escuelas y oficinas públicas. En línea con sus aliados –el Sutep y otros sindicatos estatales–, la CGTP está, en ambas materias, tajantemente a favor del statu quo.
Pues bien, como quiera que este statu quo protege solo los intereses de unas minorías –las de los afiliados de los aludidos sindicatos estatales– en perjuicio de los millones de peruanos a los que las escuelas estatales y en general el aparato público existen para servir, la agenda de la CGTP es también, al tiempo que conservadora, enemiga de la inclusión – o al menos de la inclusión de quienes no tienen carnets sindicales.
Ciertamente, la suya es una agenda enemiga de la inclusión de los que no pueden pagarse una educación privada. En la última edición del Reporte Global de Competitividad el Perú ocupa el puesto 135 de 148 países en la categoría de “calidad de educación primaria” y el 134 de 148 países en la categoría que comprende a la educación secundaria. De más está explicar cómo esto –el que los pobres estén condenados a recibir de niños una mala educación que limitará de por vida sus posibilidades profesionales– es una “injusticia social” como pocas.
Por otro lado, la misma impronta de exclusión, en pro de la de intereses de unos cuantos contra el del público general, marca el tema de la oposición a la LSC. Una ley cuyo planteamiento más “radical” es que un funcionario pueda ser despedido si llega a ser desaprobado en sus evaluaciones por dos años seguidos luego de haber recibido la capacitación adecuada. Sin duda, la CGTP parece cotizar en muy poco los derechos de los ciudadanos peruanos de dejar de recibir unos servicios estatales que, con muy honorables excepciones, suelen contarse entre los peores del mundo. No es por gusto que, según Ipsos, un 74% de la población aprueba que los funcionarios públicos puedan ser despedidos dentro de los términos antes descritos.
Es justo decir, por cierto, que no todos los supuestos “protegidos” por esta agenda están de acuerdo con ella. Ya en el gobierno anterior vimos cómo decenas de miles de maestros se apersonaron a rendir las pruebas de ingreso a la carrera magisterial aún en la cara de la oposición, muchas veces violenta, del Sutep. Por otra parte, hay un enorme número de empleados estatales que hoy no tienen ninguna clase de derechos laborales por pertenecer a regímenes especiales y que recién accederían a ellos con la LSC a la que se oponen los privilegiados que están en el régimen general. Aunque tampoco son todos los funcionarios del régimen general los que se oponen, puesto que, igual que en el caso de los maestros, hay muchos de ellos que quieren tener la oportunidad de poder ascender en sus carreras en base a sus esfuerzos y rendimientos en lugar de permanecer en un sistema donde uno puede hacer poca diferencia por sus ingresos por mucho que se entregue a su trabajo.
Por lo demás, hay que decir que aún donde la CGTP no está a favor del statu quo, está mostrando este mismo interés por defender los privilegios de unos cuantos a costa de las oportunidades de todos los demás. No puede leerse de otra forma que exija una más gravosa legislación laboral en un país en el que una enorme mayoría de la población tiene que trabajar en la informalidad.
En fin, con una agenda así, conservadora, excluidora y defensora de privilegios de minorías, la CGTP parece haber sido víctima de la maldición borgiana, acabando por parecerse a la peor imagen del enemigo que escogió al nacer: la oligarquía.