(Editorial) Honrar las deudas

Sorprendió la manera como el presidente Ollanta Humala solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que se abstenga de dar la resolución que ordena ejecutar la sentencia –dictada hace doce años– que dispone el pago de los bonos de la reforma agraria – emitidos por el Estado Peruano e incumplidos por el mismo desde hace décadas–. El argumento del presidente fue que, en temas “sensibles”, los magistrados debían abstenerse porque están de salida. Pero esa no es una razón. El del TC no es el caso de un gobierno de salida, que ya no refleja la voluntad política nacional que ha escogido a otro gobierno. Los magistrados no expresan la voluntad política de nadie, por más de que el gobierno pareciera creer que con tres leales, luego de la ‘repartija’ ocurrida, podrá sacar el fallo que quiera. Los principios jurídicos –al menos ahí donde hay Estado de derecho– no están sujetos a cambios políticos. Aquí estamos ante casos que los magistrados han conocido y respecto de los cuales ya se han formado un juicio.

Lo esencial es que el asunto de los bonos fue una estafa: el Estado prometió pagar y no lo hizo. Y está claro que un país serio, que aspira a ser desarrollado, no debiera estafar en ningún caso y, menos que nunca, de una manera continuada, como ha sucedido en este asunto. Porque es indudable que el incumplimiento de esta deuda, habiéndose mantenido invariable gobierno tras gobierno, sin importar el signo político de quien estuviese en el poder, califica hace rato como una auténtica política de Estado. Estamos ante el ‘perro muerto’ oficial más largo de la historia del Perú.

El Estado se da el lujo de esta estafa, es cierto, porque la leyenda negra sobre los expropiados de la RA continúa viva en el Perú. Pero la caída escandalosa que tuvo la producción de nuestro campo luego de Velasco demuestra que esta leyenda no era cierta para la mayoría de las unidades agrícolas expropiadas. Al menos no en lo que toca a la idea del propietario rentista que no agregaba ningún valor y que vivía de sangrar a sus trabajadores campesinos. De hecho, en sectores como el del azúcar los productores peruanos habían logrado desarrollar varios de los fundos más eficientes del mundo, lo que contribuyó a que fuéramos el mayor exportador de este bien. Luego de la RA nos tuvimos que volver importadores netos de azúcar y, ciertamente, de la mayoría de alimentos que se producían en el Perú. Para 1980 teníamos que importar 10 veces más alimentos que en 1969, convirtiendo así un país que era netamente exportador en deficitario en materia de alimentos. ¡Y Velasco hablaba de “seguridad alimentaria”!

Por otra parte, en lo que toca a la idea de las haciendas que mantenían en estado de semiservidumbre a sus trabajadores, supuso meter injustamente en el mismo saco a personas y empresas muy diferentes.

Por lo demás, resolver de una vez por todas esta deuda histórica consolidaría al Estado Peruano como un Estado de derecho serio y asentaría nuestro desarrollo futuro. Y también, por la misma razón, terminaría de consolidar la imagen del gobierno del presidente Humala como uno comprometido con la institucionalidad y con el respeto a los derechos de propiedad. La confianza que irradiaría el gobierno sería poderosa e incontrastable.

Quizá el gobierno sienta una dificultad ideológica, pues el nacionalismo reconoce en Juan Velasco Alvarado a uno de sus inspiradores. Pero el propio Velasco, en su discurso con motivo de la promulgación de la RA, dijo: “Los que vean reducida su propiedad por la aplicación de la ley recibirán compensación justipreciada por parte del Estado… Nosotros actuaremos con equidad al aplicar la ley y seremos respetuosos de los derechos legítimos de aquellos a quienes la ley se aplique”. El presidente Humala podría cumplir ese compromiso e impedir así que siga siendo el timo que hasta hoy ha sido. Por lo demás, Velasco sí les pagó, y buenas cifras, a las empresas extranjeras expropiadas. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con todas las empresas norteamericanas expropiadas, incluyendo la International Petroleum Company, en virtud del célebre convenio Greene-De la Flor. Se pagó pese a que el gobierno norteamericano decidió no aplicar la enmienda Hickenlooper. Los militares nacionalistas, pues, trataron como expropiados de segunda a los peruanos frente a los extranjeros.

El argumento de que se trata de un monto excesivo que solo sería abordable por el presupuesto nacional a costa de postergar gastos prioritarios sencillamente no es cierto. Para comenzar, la propia Constitución establece que las disposiciones que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente. Lo que no se puede hacer es desconocer un derecho. Por lo demás, el pago podría hacerse por medio de una emisión de bonos, sin comprometer significativamente al Tesoro Público. El asunto es resolver este tema de una vez, porque han pasado más de 40 años sin solución y porque es una burla que una sentencia tenga ya doce años sin ejecutarse y todavía haya resistencia para que el tribunal pueda ordenar su ejecución.