(Editorial) Huelga y reforma de salud

La huelga médica fue una medida de fuerza que, además de traumática para todos, resultó inútil para sus protagonistas. Dejó sin atender cerca de un millón de citas y los pacientes del sector público –que no suelen ser las personas de mayores recursos– tuvieron que gastar alrededor de S/.4 millones y medio de su bolsillo para atenderse en establecimientos privados. Todo ello, sin que los médicos huelguistas consiguiesen casi nada más de lo que el ministerio había ofrecido desde antes de la huelga: un aumento a todos los médicos de S/.1.500, que consolida o subsume las bonificaciones que tenían (Aetas y otras).

Cuando esta huelga iba a comenzar nosotros dijimos que no tenía sentido porque se producía en un momento en que, por primera vez, el ministerio estaba trabajando en una propuesta integral, para cuya presentación la comisión encargada tenía plazo hasta el 8 de agosto. Los dirigentes médicos fueron a la huelga a sabiendas de eso. Al final, el ministerio resistió exitosamente la embestida: los acuerdos a los que llegaron los huelguistas con el Ejecutivo demuestran que su medida de fuerza no sirvió para cambiar el sentido ni las medidas de la reforma que venía planteando este último.

Así, por ejemplo, el ministerio llevó a la práctica en esos acuerdos su plan de hacer que los médicos de provincia ganaran más que los de Lima, a fin de corregir el desbalance histórico por el que fuera de la capital siempre han escaseado los galenos del sector público. Esto se hizo de dos formas. La primera: haciendo que los montos de las bonificaciones que hasta entonces solo ganaban los médicos de Lima llegaran también a todos los de provincias (por medio del ya mencionado aumento generalizado de los S/.1.500, que, como hemos dicho, subsume estas bonificaciones). La segunda, poniendo en vigencia una medida que estaba ya presupuestada: una bonificación de S/.1.400 para los médicos que sirvan en zonas alejadas (rurales altoandinas, por ejemplo) y de frontera.

Otro objetivo de la reforma que planteaba el ministerio era fortalecer el nivel de atención primaria. Es decir, la calidad del servicio de los establecimientos pequeños, para que los pacientes no saturen los hospitales cuando no encuentran soluciones a problemas médicos cotidianos en la posta más cercana. Para eso, como resultado de la huelga, se acordó adelantar a octubre algo que ya estaba previsto para enero: una bonificación para los que sirven en esos establecimientos pequeños. Al mismo tiempo, se ha presupuestado otra bonificación para los que hagan atención familiar y comunitaria; es decir, para los que salgan a visitar a las familias.

Por otra parte, que el ministerio no cediese en su programa de reforma significó también que no renunciase al principio meritocrático que quiere comenzar a instalar en el sector. En esta línea, el ministerio está trabajando en la identificación de indicadores de desempeño para otorgar bonos por ese concepto. Por otro lado, ya ha dispuesto una bonificación para los médicos especialistas titulados.

No obstante lo anterior, el ministerio tiene todavía mucho camino por recorrer en el tema de la reforma meritocrática. Aún falta pensar, por ejemplo, en una escala salarial más diferenciada a fin de que el ascenso de un nivel a otro de la carrera reporte beneficios monetarios significativos como premio a un trabajo meritorio, y pueda también entrañar la salida del servicio en los casos en que no haya rendimiento. Es verdad que este alargamiento de la escala ya se ha conseguido parcialmente en el acuerdo que se logró con las enfermeras, donde la distancia entre el primer y el quinto nivel, que era nula, ahora es de 25%. Pero con los médicos la escala aún es casi totalmente plana.

También falta concretar todavía todos los aspectos no remunerativos de la reforma: principalmente la modernización de la gestión, la complementación de los servicios y la libertad de elección del usuario. Al respecto, nosotros hemos defendido ya varias veces la idea de independizar los fondos de los asegurados (SIS y Essalud) de los establecimientos de salud públicos (los del ministerio y los de Essalud). Si todos estos establecimientos se manejaran con autonomía vía APP o contratos de gerencia, y si los fondos pudiesen optar entre contratar a estos establecimientos o a establecimientos privados con base en lo que escojan sus asegurados –y pagando a cada establecimiento por atención–, entonces los médicos que lograsen que sus establecimientos atraigan el mayor número de pacientes podrían ganar mucho más de lo que hoy ganan sin necesidad de negociar aumentos con el Gobierno. De hecho, de esta forma todos los médicos podrían preocuparse exclusivamente de buscar el favor del público y no el del Estado, pues el destino de sus carreras dejaría de estar en manos de este y pasaría a estar en las que siempre debió estar: las de sus pacientes.