En octubre del 2011 el Gobierno anunció una purga que redujo el número de generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) a algo más de veinte. Según el entonces primer ministro Óscar Valdés, se trató de una “medida estudiada” y de “una reingeniería de la policía”, ya que no podía “ser que la policía tenga tantos generales”. En estos primeros días del año, sin embargo, el Ejecutivo ha dado, sorprendentemente, marcha atrás: la cantidad de generales se ha incrementado a 47. Además, se han sumado 183 nuevos puestos de coroneles, cuando en el 2011 se había proyectado reducir su número drásticamente.

Esta marcha y contramarcha despierta, naturalmente, varias dudas. ¿Quizá la “reingeniería” del 2011 no estuvo tan “estudiada” como señaló el primer ministro en aquel momento? ¿O, más bien, la primera reforma sí fue bien estudiada y es la segunda la que resulta improvisada?

En cualquier caso, preocupa que el Gobierno actúe así cuando se trata de la institución encargada de enfrentar un problema del calibre del de la seguridad ciudadana. No olvidemos que, según el Barómetro de las Américas, el Perú (junto con Venezuela) ocupa el primer lugar de 26 países del continente en percepción de inseguridad. Este problema, por si fuera poco, es considerado por los peruanos como el principal que enfrenta el país. Y los resultados de este estudio no deberían sorprendernos si tenemos en cuenta, por ejemplo, el aumento de la tasa de homicidios. Según el propio Ministerio Público, en el 2009 esta era de 11,85 por cada 100 mil habitantes, en el 2010 de 17,85 y en el 2011 llegó a 24,1.

Además, cuando uno entra a ver el detalle de la actual reforma, encuentra varias cosas que no tienen sentido. Tenemos, por ejemplo, que la creación de nuevas plazas ha venido acompañada de 17 direcciones ejecutivas adicionales en la PNP, llevando así a que, de ahora en adelante, el director general de la policía vaya a tener que despachar directamente con gran cantidad de directores ejecutivos, lo cual termina siendo poco eficiente. Asimismo, este aumento de direcciones –según Octavio Salazar, congresista y ex ministro del Interior– necesitará unos dos mil funcionarios adicionales para ponerlas en marcha, lo que supondrá una aun mayor burocratización de la institución.

Por otro lado, con la creación de varias de las nuevas direcciones se han puesto en manos de policías labores en las que ellos no son especialistas. Los generales no tendrían por qué estar al mando de las direcciones de Administración, de Presupuesto, de Personal o de Asesoría Jurídica (salvo que se tratara siempre de estupendos profesionales en estos campos asimilados a la PNP, lo cual es complicado). De ellas más bien se podrían encargar profesionales civiles especializados y funcionarios del Ministerio del Interior. Lo mismo sucede con los servicios de salud de la policía. Hay ahora cuatro cargos relacionados con sanidad en manos de generales: el director de Sanidad, el jefe de Estado Mayor de la Dirección de Sanidad (sic), el director ejecutivo de Operaciones de Salud (sic) y el director del Hospital Nacional PNP (bajo quién sabe qué lógica se ha decidido organizar el servicio interno de salud con una estructura de guerra).

¿Cuál es el sentido, entonces, de una reforma que no cumple el refrán de “zapatero a tus zapatos” y que, en cambio, encarga a policías tareas para las que no fueron principalmente preparados?

Ojalá, en todo caso, que la explicación de la poda del 2011 y del actual aumento de generales y de direcciones no sea una excusa para lograr un “copamiento” político. Una posibilidad que debería ponernos en alerta, si recordamos lo ocurrido en la época de Fujimori cuando este descabezó a la PNP y a las Fuerzas Armadas para colocar a oficiales que le fuesen incondicionales.

En lo que toca a la reestructuración de la PNP, en fin, solo hay algo que queda claro: que no hay nada claro en el comportamiento de veleta del gobierno.