Ha sido de lo más paradójica la última presentación del presidente Humala en la escena pública, cuando fue a celebrar el inicio de la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado para varios asentamientos humanos de Ate Vitarte. El presidente se despachó contra los gobiernos anteriores al señalar cómo habían hecho política con el agua al utilizar los diferentes proyectos “para manipular a la gente”. El tema del agua, dijo, no debería politizarse. Y lo dijo mientras lo escuchaban, además de varios vecinos del lugar, las cantidades de personas que fueron trasladadas desde diversos puntos de la capital en setenta buses para sumarse a los aplausos que merecía su inauguración.

La paradoja más grande, sin embargo, fue la combinación del diagnóstico que el presidente dio para el problema del déficit de agua potable que nos aqueja (buena parte de la población de Lima no tiene cobertura) con su receta para resolverlo. Y es que el presidente dijo que las obras de agua potable necesarias no se hicieron porque el Estado estuvo divorciado de su población y cerca de los “grandes”. Tiene razón en la parte en la que culpa al Estado: Sedapal, la empresa responsable del agua potable en Lima, es estatal y no solo no ha sido capaz de ampliar su cobertura para atender la creciente demanda, sino que ni siquiera ha podido darle buen mantenimiento a sus redes (todos recordamos la reciente inundación de Villa María del Triunfo). Lo paradójico, así, es que su solución parece ser insistir con Sedapal.

Es cierto que lo anterior podría no parecer incongruente si uno piensa, como parece pensar el presidente, que el problema no es Sedapal en sí, sino la despreocupación incluso hedonística (“panzones”) con que otros gobiernos habrían manejado los intereses del pueblo y, particularmente, la empresa estatal del agua. La dificultad con esto, empero, está en que existen poderosos datos que apuntan a que el problema sí es la empresa estatal como tal y no alguna actitud especial de los gobiernos anteriores. Específicamente, durante estos gobiernos supuestamente desligados de la población hubo servicios públicos como las telecomunicaciones y la electrificación (ambos en manos privadas) que sí incrementaron significativamente sus coberturas.

Hay que mirar, entonces, más allá del tamaño del cinturón del gobernante. El problema de Sedapal no es de recursos; es de incentivos. En otras palabras: el problema de Sedapal es que, como es de “todos”, se sabe dentro de ella que ni los daños ni las ganancias que genere se concentrarán jamás en alguien concreto. En el caso de las pérdidas, esto supone que sus funcionarios asuman que siempre estará ahí el fisco para cubrirlas, y que por consiguiente tengan la tranquilidad para, por ejemplo, acumular S/.3.000 millones en deudas tributarias (como hizo Sedapal hasta el 2006, cuando el Estado se las pagó) o dejar desgastarse hasta su colapso la tubería principal de uno de los distritos más populosos del país (como sucedió en diciembre pasado).

El anunciado plan de este gobierno para que Sedapal realice inversiones superiores a los S/.8.000 millones de aquí al 2016 a fin de alcanzar el 100% de cobertura está construido, pues, sobre el aire –o, si se prefiere, sobre el agua–. El año pasado Sedapal pudo ejecutar apenas S/.266 millones de los S/.414 millones que tenía en su presupuesto para inversión. ¿Cómo se puede esperar, entonces, que invierta S/.2.000 millones por año de aquí al 2016? Lo que el Gobierno planea hacer con esos S/.8.000 millones es echar más recursos por un embudo que ya está atorado. Algo que tiene que preocuparnos a todos no solo por las personas que no recibirán lo que se atraca en el embudo (la cobertura de agua), sino por las que pagaremos los nuevos recursos a ser atracados (los contribuyentes).

Si lo que al presidente Humala de verdad le importa es aumentar la cobertura de agua en el país y no probar, contra la gravedad, que Sedapal puede ser sostenidamente eficiente, pues entonces que haga con el agua lo que ha logrado aumentar la cobertura de otros servicios públicos en el país: concesionarla. Una solución posible para hacerlo es la que ha planteado Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN): dividir Lima en tres zonas y convocar un concurso para adjudicar cada zona a la asociación público privada (APP) que haya hecho la mejor oferta en términos de rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las redes de la zona.

Lo que en ningún caso podemos hacer es insistir en las mismas tuberías y esperar que lleguen a lugares diferentes.