(Editorial) Mala leche

Hace unos días la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) alertó que el programa social Qali Warma dejará de comprar leche fresca para adquirir en su lugar leche evaporada. Según Javier Valera, presidente de dicha organización, esta medida perjudicaría a 120 mil ganaderos regionales. Después de todo, miles de productores lecheros abastecieron al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) –que fue reemplazado por Qali Warma– de leche fresca por casi veinte años y se estima que el reciente cambio hará que pierdan un ingreso de alrededor de S/.56 millones anuales.

Era esperable la reacción de la Agalep, pues al excluirse la leche fresca de las compras estatales probablemente ha perdido a su mejor cliente. Esto, sin embargo, no vuelve razonable su reclamo. A fin de cuentas, el presupuesto de Qali Warma está destinado a mejorar la alimentación de niños en situación de pobreza y no a mejorar la situación del negocio de los ganaderos peruanos.

Según Guiselle Romero, directora ejecutiva del programa social, el motivo por el que se decidió adquirir leche evaporada en vez de fresca es que esta última no garantiza las condiciones de inocuidad que requieren los niños que son alimentados con este producto. Esto, a su vez, fue explicado por la ministra Trivelli en una entrevista publicada por nuestro Diario. Ella señaló que “dado que no hay redes de frío seguras ni plantas de pasteurización, este año vamos a comprar leche evaporada o UHT. Es más caro para el Estado, pero tenemos que cuidar la calidad del producto que llega a los niños”. Y es una buena noticia que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se esté preocupando por la calidad de los alimentos que entrega. Recordemos que, mientras existió el Pronaa, hubo varios escándalos vinculados a los estándares de salubridad de los alimentos y, en una lamentable oportunidad, la falta de cuidado de las autoridades cobró la vida de tres niños.

El reclamo de la Agalep, en buena cuenta, pasa por alto que no existe una razón por la cual habría que arriesgar la salud de los niños para beneficiar a sus asociados. Pero incluso si las compras no estuvieran destinadas a un programa de alivio a la pobreza, ¿por qué el Estado debería utilizar los impuestos que pagamos todos los peruanos para garantizar el éxito de algún empresario en particular? La verdad es que el gobierno solo debería recaudar impuestos con dos objetivos: financiar servicios que todos los ciudadanos disfrutamos (por ejemplo, seguridad, infraestructura o justicia) y aliviar la situación de los peruanos que no tienen medios para salir adelante por ellos mismos. Pero en ningún caso el Estado debería tomar los tributos que pagan los contribuyentes para dar un privilegio a un grupo de empresarios (aun cuando estos sean pequeños). Y este caso es especialmente claro porque el beneficio estatal que se reclama se otorgaría en perjuicio de los niños más desvalidos.

Los ganaderos, sin embargo, buscan justificar su pedido en que ahora solo les queda vender su producto a la empresa Gloria, que les paga el 50% de lo que ganaban vendiéndole al Estado. ¡Qué mala leche! ¿Pero acaso el resto de industrias tiene derecho a que el Estado les compre su producción y a un precio alto solo porque no están satisfechas con el precio que voluntariamente está dispuesto a pagar el resto de personas? Más aun, suena por lo menos a incompetencia burocrática que el gobierno haya estado pagando por un producto el doble de lo que paga el mercado.

Ahora, obviamente el Midis tiene la obligación de demostrar técnicamente que su justificación es válida y que la leche fresca no es igual de adecuada que la evaporada. Si no lo consiguiese, habría más bien que mirar si no hay un grupo empresarial distinto que se esté beneficiando por una medida que, en ese supuesto, no tendría sustento. En todo caso, lo que debe quedar claro es que se encuentra en juego la alimentación de niños peruanos. Y nadie tiene derecho a aprovecharse de ella.