(Editorial) Mejor, ganemos todos

Para nadie es un secreto que la economía se está desacelerando. No solo la confianza empresarial ha venido cayendo últimamente sino que, asimismo y por consiguiente, los pronósticos de crecimiento para el país cada vez son menos entusiastas de acuerdo con las consultoras más renombradas. El sector exportador, en ese sentido, no ha sido ajeno al declive. No solo las exportaciones se han contraído en un 12,4% en el primer semestre; los principales gremios auguran que, hacia el final del año, estas podrían caer entre 6% y 10%, según los distintos estimados.

Esto, naturalmente, ha suscitado las más diversas propuestas por parte de los exportadores. Pero, por supuesto, no todas son encomiables.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Samuel Gleiser, por ejemplo, emplazó al Gobierno a tomar medidas como la suspensión temporal de la agenda negociadora de TLC para priorizar la ejecución de los que ya existen, declarar de interés nacional los sectores de servicios, confecciones y agrícola para que el Indecopi pueda intervenir con éxito en casos de competencia predatoria, o inclusive la aplicación de un drawback a las exportaciones no tradicionales, entre algunas otras.

El problema de estas propuestas es que, básicamente, son instrumentos para proteger a las industrias nacionales, pero que le harían un flaco favor a la mayoría de peruanos, es decir, a los consumidores y contribuyentes.

Por ejemplo, no celebrar nuevos TLC o que el Indecopi imponga (sin que exista además ninguna evidencia de que se justifique hacerlo) medidas antidumping cerraría las puertas del país a las importaciones y, en consecuencia, a más competencia y mayor oferta, que suponen mejores productos a mejores precios.

Asimismo, el drawback no es más que un subsidio estatal, al tratarse de un reembolso que otorga el Estado a los exportadores y que termina saliendo de la caja fiscal a la que todos los contribuyentes contribuimos.

La solución, más bien, como ya hemos mencionado en pasados editoriales, pasa por un tema fundamental: mejorar el clima de competitividad del país. Y lo que el Estado puede hacer para lograrlo es mucho.

Para empezar, debería pisar el acelerador en la celebración de nuevos TLC, para abrir nuevas posibilidades comerciales a nuestras exportaciones, especialmente en grandes mercados como la India o Rusia.

Por otro lado, es imprescindible cerrar la brecha en infraestructura. Mejorar las carreteras reduciría el costo de transportar los productos del interior hacia los puertos. Y respecto a estos últimos hay también mucho que avanzar. Según el Reporte de Competitividad Global, hoy ocupamos el puesto 111 de 144 países en lo que a infraestructura portuaria toca. Además, AFIN calcula la brecha de infraestructura en este rubro en US$708 millones. Problemas logísticos, asimismo, harían que, por ejemplo, mientras que en el Callao embarcar y desembarcar cuestan US$90, en Guayaquil el embarque cuesta US$22 y la descarga US$35,2. Así las cosas, el costo logístico de las exportaciones sería el 32% del valor total del producto exportado y ese es un peso que nuestras empresas no tendrían por qué cargar.

Finalmente, las excesivas barreras burocráticas en el Perú son un impedimento grande para hacer negocios. Eduardo Amorrortu, presidente de ÁDEX, señaló que se está trabajando de la mano con la PCM, el Mincetur, Produce, MEF, entre otras instituciones, para identificar las barreras generadas por entidades públicas. Produce, por ejemplo, ya identificó 105. El Doing Business, además, coloca al Perú en el puesto 60 de 185 países en cuanto a comercio internacional, lo que muestra que hay mucho que avanzar aquí. Y es cierto que el Gobierno ya dio un paso importante en este sentido reforzando las facultades del Indecopi para eliminar barreras burocráticas, pero debería redoblar sus esfuerzos teniendo en cuenta todo lo que se encuentra en juego.

Lo mejor de todas las medidas que hemos señalado es que no solamente permitirían compensar las pérdidas de nuestras exportaciones en un escenario desfavorable. Además, facilitarían que aumente la competitividad de las empresas y, con ello, la oferta de bienes y productos que reciben los consumidores. Es decir, son soluciones que permiten que ganemos todos y no solo algunos.