(Editorial) Misma razón, mismo derecho

Es curioso lo que ha pasado en torno al proyecto de ley por el que se hacía obligatorio el aporte de los trabajadores independientes de hasta un 13% de sus ingresos a los fondos de pensiones.

Curioso, no por la enorme indignación que despertó y que ha hecho que el Gobierno retroceda rápidamente, postergando en la práctica la discusión para dentro de un año. Pero sí porque en medio de esta indignación nadie pareció notar –o al menos no en voz alta– que todo lo que se dijo sobre esta imposición a los independientes se aplica también a la misma imposición que sufren desde hace mucho los trabajadores dependientes.

Efectivamente, resulta difícil de explicar que nos indigne que el Estado decida elegir por las personas los porcentajes de sus ingresos que deberán ahorrar para su futuro –y la forma en que deberán hacerlo– si es que estas personas no están en planilla, mientras que al mismo tiempo nos parece muy normal que haga exactamente lo mismo con quienes sí lo están.

¿Será que hemos entendido que la calificación de “dependientes” que da el derecho laboral a los trabajadores que están en planilla tiene un sentido psicológico-cognitivo? Ciertamente, resulta difícil entender de otra forma por qué entre quienes más protestaron contra la medida estuvieron los sectores que suelen ser los que más defienden a nuestro régimen laboral y sus abultados costos en pagos no salariales de diverso tipo, incluyendo a los congresistas.

Si existe algún motivo que justifique que el Estado “proteja” contra sí mismos –quitándoles la posibilidad de disponer de buena parte de sus ingresos– a los trabajadores de planilla pero no a los que no reciben honorarios profesionales, sería interesante escucharlo. De hecho, es hasta intrigante, teniendo en cuenta que el motivo no podrá ser uno de diferencias de ingresos o capacidades, pues hay trabajadores de ingresos muy altos y muy bajos, y de muy alta y muy escasa preparación, en ambas categorías.

Si, por otra parte, no existe este motivo, acaso toda esta experiencia pueda ser tomada como una oportunidad para ser coherentes y liberar de estas confiscaciones también a los trabajadores dependientes.

El país tendría mucho que ganar de este esfuerzo de coherencia. Se supone que hoy los trabajadores dependientes están “protegidos” por todas las cargas que hace sobre sus salarios nuestro régimen laboral. Pero esta protección es una jaula de oro que reduce apreciablemente sus ingresos mensuales y que, además, consiste de tantas cargas que ocasiona que la gran mayoría de nuestras empresas –sobre todo las pequeñas y medianas– trabaje en la informalidad, con los consiguientes costos que ello ocasiona a sus posibilidades de crecimiento. No olvidemos que en el Perú los costos no salariales del trabajo alcanzan el 64 % del sueldo.

Los congresistas que ahora rechazan el pago de este aporte o pidieron su postergación deberían ser consecuentes y aprovechar para extender este rechazo a al menos algunas de las otras cargas impuestas en la legislación laboral a fin de restituirle ingresos al trabajador y facilitar su formalización. Si los congresistas liberasen de varias de esas cargas a la gran fuerza emprendedora del país habría mucha más inversión, mucho más trabajo y, por lo tanto, también remuneraciones más altas (a más demanda por trabajadores, mejores precios por su tiempo), además de mayores posibilidades de ahorrar –voluntariamente– para la jubilación.

En cualquier caso, si nuestros congresistas no están dispuestos a hacer una liberación más extensa que la de las contribuciones obligatorias a los fondos de pensiones, lo que no tienen es excusa para evitar esta última. Al menos no si fue real la indignación que mostraron frente al intento de aplicarles el aporte pensionario obligatorio también a los trabajadores independientes, quienes no son más ciudadanos, más trabajadores o más generadores de sus propios ingresos que los trabajadores de planilla. De lo contrario lo que tocaría es que simplemente se olviden de sus rasgadas vestiduras y procedan con lo que se iba a hacer: aplicar a los independientes la misma imposición con la que ya cargan los dependientes. Después de todo, no se juega únicamente un tema jurídico en el viejo axioma del derecho romano que sostiene que “donde hay la misma razón debe existir el mismo derecho”. Se juega también una cuestión moral.