(Editorial) Munipolicía

Para solucionar el problema de la seguridad ciudadana del que tanto se ha discutido en las últimas semanas es necesario empezar por adoptar una medida: volver a alguien responsable del problema y encontrar una vía de sancionarlo si no consigue resultados y de premiarlo si sus logros lo ameritan.

Hoy el ministro del Interior y el director general de la PNP distan mucho de ser funcionarios a los que sea posible hacerlos responsables del problema. A fin de cuentas, la verdad es que, por un lado, su nombramiento tiene mucho de político y, por otro, poco podemos hacer los ciudadanos si ellos no muestran avances en el tema de la seguridad. Si no, no tendríamos indicadores de gestión lamentables como los que tenemos. Por ejemplo, pese a que el presupuesto para inversiones del Ministerio del Interior aumentó en 164% entre el 2009 y el 2012, solo se ejecutó en promedio menos del 28% del mismo. En tanto, en el 2011 se ejecutó un 7% de lo presupuestado para inversiones. No sorprende por eso que existan problemas como que el 40,7% de las comisarías del Perú no tenga una computadora propia, que el 70,1% no tenga conexión propia y adecuada a Internet o que el 87,8% no tenga acceso al Sistema de Denuncias Policiales. Y, en consecuencia, a nadie debería extrañarle que en el último semestre del año pasado 38 de cada 100 peruanos hayan sido víctimas de la delincuencia, que 5,1% de las víctimas haya denunciado el delito y obtenido resultados positivos o que – según Latinobarómetro – el Perú tenga el segundo índice más alto de victimización de la región de los 18 países estudiados.

Esta situación, sin embargo, podría cambiar si se implementa una propuesta que hace ya buen tiempo ronda por nuestro país: municipalizar a la policía. Es decir, que siga existiendo una policía nacional, pero que en cada distrito la comisaría esté subordinada al alcalde. Que este sea quien decida cómo se invierte el presupuesto de la comisaría, cómo se gestionan sus recursos, qué contrataciones se aprueban, a quiénes se despiden y cómo se implementan los planes de seguridad del distrito. En pocas palabras, que cada alcalde se convierta en responsable de la seguridad en su distrito.

Las ventajas de este sistema serían varias. Para empezar, se crearía un responsable que, además, sería cercano a la ciudadanía. A diferencia de lo que sucede con el ministro del Interior o con el director general de la PNP, los vecinos pueden pedir personalmente al alcalde que rinda cuentas, premiarlo a él o a su partido con su voto en la siguiente elección o quitárselo si no realiza una buena gestión. Incluso, los ciudadanos podrían premiar a los municipios que funcionan bien “votando con los pies”; es decir, mudando sus viviendas y comercios a aquellos distritos que son más seguros, lo cual redundaría en la popularidad del burgomaestre que realice un buen trabajo.

Los alcaldes, además, pueden conocer las particularidades de los problemas de seguridad de su distrito mejor que una autoridad nacional. Asimismo, con responsables claros por municipio, los ciudadanos podrían observar qué alcaldes combaten mejor el crimen y se podría, comparando distritos similares, estudiar qué estrategias funcionan mejor. De alguna forma, sería como poner a competir a los distritos en el tema de seguridad, en vez de tener una sola administración central policial.

Por supuesto, los problemas de seguridad que afectan a todo el país en su conjunto deberían seguir siendo enfrentados por direcciones de competencia nacional, como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, entre otros. Y, claro está, el Gobierno Central debería transferir a los municipios que no cuenten con recursos aquellos que sean necesarios para el buen funcionamiento de sus comisarías.

Hacer visibles y responsables a las cabezas de la lucha contra la inseguridad ciudadana es un primer paso indispensable para combatirla. Este, sin duda, sería un cambio radical. Pero, frente a un problema tan grave, mal haría el Estado en ponerle solo algo de maquillaje.