(Editorial) No importa el color del gato

La encuesta nacional de Datum que ayer publicó “Perú21” dedicó varias preguntas a evaluar el estado de los servicios de salud. Los resultados fueron previsibles, aunque no por eso menos preocupantes. Solo una pequeña minoría considera que el servicio en los establecimientos de salud públicos es bueno: 7% para el caso de los hospitales y postas médicas del Ministerio de Salud, 9% para hospitales y policlínicos de Essalud, 11% para los hospitales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, y 19% para los hospitales de la Solidaridad. El contraste con las clínicas privadas es grande, pues 59% de los encuestados opina que el servicio en ellas es bueno.

A nadie, como dijimos, le deberían sorprender dichos resultados, pues las condiciones en las que brindan sus servicios las entidades estatales son, en muchos casos, patéticas. Hace poco, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo analizó el estado de un centenar de hospitales en todo el país y encontró que un 41% de sus equipos debe ser reemplazado o reparado. Además, las áreas de hospitalización de cirugía, casi en un 50%, no cuentan con un desfibrilador y un poco menos de un cuarto de las mismas no tiene grupos electrógenos que eviten que se queden sin luz durante una operación. A ello se suma que más del 30% de las áreas de obstetricia y de cirugía no cuentan con soluciones antisépticas, la mitad de las áreas de obstetricia no tienen agujas de epidural, alrededor del 18% de los hospitales tiene servicios higiénicos sucios y el 11% de los ambientes de hospitalización no posee lavatorios para que el personal se lave las manos. Y esta, por supuesto, es solo una pequeña parte de la lista de problemas.

Afortunadamente, la ministra De Habich está dispuesta a caminar en una dirección que podría ayudar al Estado a salir del hoyo en el que se encuentra: involucrar a los privados en la gestión de los servicios estatales de salud.

Se ha anunciado que, en diciembre, servicios como mantenimiento de equipos, limpieza, seguridad y lavandería del Instituto Nacional de Salud del Niño serían administrados por una empresa privada. Asimismo, hace poco la ministra declaró que su sector estaría barajando diversas posibilidades de asociaciones público-privadas para varios servicios; entre ellos, el manejo de los residuos sólidos de los hospitales de Lima, la gestión del Banco Nacional de Sangre de Cordón Umbilical y la atención de especialistas en las regiones.

Parece que la ministra tiene claras las ventajas de estas iniciativas. Cuando hace un tiempo se le preguntó si le parecía bien que los privados intervengan en la prestación de servicios estatales de salud, su respuesta fue contundente: el usuario quiere buenos servicios, sin importar quién se los preste.

Y resulta que los privados suelen (como muestra la encuesta) brindar mejores servicios. No solo porque tienen más experiencia que la burocracia, sino porque de hacerlo mal pierden algo central para ellos: un cliente y, por tanto, una fuente de ingresos.

Ahora, los pasos que se propone dar el sector Salud son importantes, pero se puede ir aún más lejos. El Gobierno podría celebrar convenios con distintas instituciones privadas para que gestionen los hospitales y cobren al Estado por cada paciente que elija atenderse en estos (con la finalidad de que compitan entre sí y cuiden su servicio). Paralelamente, se podrían celebrar convenios con clínicas privadas para que quienes hoy se atienden en centros de salud públicos puedan atenderse en ellas a cambio de una tarifa subsidiada por el Estado. Así, hospitales y clínicas competirían por pacientes que elegirían libremente dónde atenderse y los fondos públicos llegarían a quienes los administren más eficientemente (consiguiendo además que quienes más lo necesitan obtengan un mejor servicio sin tener que sacar más dinero de su bolsillo).

La encuesta de Datum, de hecho, muestra que los peruanos apoyarían esta solución: el 74% de los encuestados respaldaría que se celebren asociaciones público-privadas para construir o gestionar hospitales. Incluso, según la encuesta, el 69% de los usuarios de hospitales públicos estaría dispuesto a pagar algo más para acceder a una atención más rápida.

Ojalá que la ministra decida impulsar con más fuerza estas ideas y que reciba el apoyo del presidente. Esta podría ser la gran reforma de salud que necesita el país. Finalmente, las encuestas muestran que a los ciudadanos no les importa el color del gato, sino que cace ratones.