No cabe la menor duda de que las remuneraciones de los médicos y del personal de Salud, en general, son bajas y que se requiere una solución de largo plazo que vaya mejorando esos niveles dentro de una nueva organización sectorial mucho más funcional y eficiente. El país está creciendo, se está modernizando, y es hora de incorporar al sector Salud en esta corriente.

Por eso, la huelga médica del año pasado culminó con un acta en la que “la Federación Médica y el Minsa se comprometen a trabajar en armonía, respeto y paz laboral para viabilizar en los plazos previstos la reestructuración salarial y la Reforma del Sistema Nacional de Salud”. Estaba claro, entonces, que la nueva escala salarial prometida formaba parte de una reforma integral del sistema de remuneraciones y del propio sector Salud. De hecho, así tiene que ser si queremos que los aumentos sean racionales, sostenibles y vayan de la mano con una mejora de los servicios.

Pues bien, eso es algo que no se puede hacer de un día para otro. El ministerio ha venido cumpliendo todos los compromisos contenidos en el acta: tal como fue acordado, pagó los bonos extraordinarios, de S/.3.500 cada uno, en diciembre y en mayo; otorgó una bonificación mensual de S/.1.480 a los médicos cirujanos que trabajan en zonas alejadas y de frontera; en diciembre cumplió con efectuar el ascenso automático del personal médico y de otros profesionales de la salud; transfirió S/.44 millones a 11 regiones para el nombramiento de médicos, etc. Pero lo que no ha podido cumplir es el plazo fijado en el acta para que la comisión multisectorial creada a fin de elaborar la política integral de remuneraciones presente su propuesta. Ese plazo se fijó –de manera poco realista considerando la magnitud de la tarea– en marzo. Los representantes del ministerio no debieron aceptar un plazo tan corto sabiendo lo que tenían entre manos.

Pues bien, es cierto que el ministerio no ha cumplido con el plazo. Pero la Federación Médica sabe perfectamente que la comisión ha venido trabajando a fondo y que tiene ya prácticamente lista la propuesta. Para eso ha pedido incluso facultades legislativas al Congreso, que se las ha dado. Sabe, entonces, que hay un trabajo serio que se está llevando a cabo para plantear una reforma integral del sistema de salud, de la que se desprende, como una parte orgánica, una nueva política y escala salarial.

Entonces, llevar a cabo una huelga indefinida por el incumplimiento de ese plazo, sabiendo que se está trabajando de verdad, no tiene justificación, menos aún en circunstancias en las que el país es asolado por el virus mortal de la gripe AH1N1. Lo más probable es que el objetivo de la huelga no sea otro que forzar al Gobierno a dar una nueva escala salarial a tontas y a locas, desligada de una reforma integral del sector. Lo que no se querría, entonces, es la reforma.

De hecho, los dirigentes de la Federación Médica se han pronunciado en contra, por ejemplo, de lo que llaman la “privatización” de los servicios, o que algunos aspectos de la gestión puedan ser tercerizados precisamente para volverlos eficientes, lo que, según ellos, pretendería la reforma. Llamarían privatización a la posibilidad de que un asegurado pueda atenderse en un establecimiento privado o en un hospital de la Solidaridad, por ejemplo.

Lo que habría es un rechazo ideológico que quizá esté encubriendo el temor al cambio, el temor a un sistema más exigente, más competitivo. Pero trabajar más y mejor, con mejores remuneraciones, no debería asustar. Si de lo que se trata es de servir de la mejor manera posible a los ciudadanos, de prevenir y atender eficientemente sus problemas de salud, particularmente los de los más necesitados, no cabe resistencia frente a un cambio que apunte a una mejora sustancial de los servicios para alcanzar ese fin.