(Editorial) Un nuevo comienzo

Días antes del 28 de julio, el presidente Humala cambió a los ministros de tres carteras, entre ellos, al de Comercio Exterior y Turismo. El reemplazo del señor José Luis Silva fue Magali Silva, quien se desempeñaba como viceministra de Mype e Industria en el Ministerio de la Producción.

La nueva ministra se ha encontrado con una gran oportunidad. En efecto, puede fácilmente cambiar la imagen que su antecesor dejó: la de un ministerio que no estaría realmente interesado en impulsar una nueva agenda de importantes acuerdos de libre comercio.

La necesidad de hacerlo ahora, además, es crucial, pues la desaceleración de China (el principal destino de nuestras exportaciones en el 2011 y 2012) es una realidad. De hecho, las exportaciones peruanas a dicho país han caído 19% de enero a mayo respecto del mismo período del año pasado.

Por supuesto, lo que hay que buscar ahora es abrir las puertas de los mercados más grandes. No hay que contentarnos con pescar en charcos cuando tenemos enfrente varios océanos.

Por ejemplo, la India, un país con una población de aproximadamente 1.220 millones de personas, ha venido creciendo en promedio 7% anual durante la última década, y en el año importó algo menos de US$700.000 millones. No debería sorprender a nadie que haya quienes estimen que al 2050 podría ser la tercera economía más grande del mundo.

En tanto, Rusia representa un mercado potencial de 143 millones de personas y tiene un PBI per cápita de US$13.700. Y no nos olvidemos de Turquía, un país con una población de 74 millones de habitantes y con un PBI per cápita de US$10.363.

Ojalá que la nueva ministra no deje pasar estas enormes oportunidades y que sea consciente de la gran responsabilidad que recae en ella.

LOS EXCÉNTRICOS En las recientes semanas, ha habido varias críticas a la sentencia del TC que ratifica la decisión de que el Estado Peruano pague, después de más de 40 años, los bonos de la reforma agraria.

Un sector importante de los bonistas, por ejemplo, señala que se utilizó un método de actualización ilegal que los perjudica. En tanto, el gobierno argumenta que el cumplimiento de la resolución afectaría la hacienda pública. Y, paralelamente, ha surgido una crítica que, en el mejor de los casos, podría calificarse de excéntrica. Nos referimos a la idea de que los bonos no deberían ser pagados, pues, en muchos casos, ya no se encuentran en manos de sus tenedores originales, sino en las de fondos que los compraron a precios “regalados”.

La idea es excéntrica, para empezar, porque pasa por alto que dichas ventas de bonos fueron legales (en ningún sitio se prohíbe vender a un precio bajo) y por ello deben ser respetadas.

Además, porque el bajo precio al que se vendieron muchos bonos en el pasado responde a una razón: en la práctica ellos valían muy poco, ya que casi nadie creía en ese momento que iban a poder ser alguna vez cobrados.

La culpa de esto, por supuesto, fue del Estado, pues su récord como deudor interno es paupérrimo. Con su prontuario, era natural que muchos de los tenedores de bonos hayan preferido cobrar, digamos, el 10% de algo que el 100% de nada. Por esto mismo, los compradores de los bonos resultan siendo, en vez de buitres como algunos los llaman, inversionistas que asumieron un enorme riesgo de no cobrar y que, al menos, aliviaron la situación de injusticia en la que Velasco colocó a los expropiados.

La extravagancia de la idea, en fin, también radica en que quienes la sostienen parecen olvidar en qué consiste una deuda: en una obligación legal y moral que el deudor debe cumplir aun cuando no le guste la cara de su acreedor.