(Editorial) El papelón de las papeletas

La historia de las fotopapeletas es la de un tremendo papelón. Todo empezó como una aparente buena idea para reforzar una importante función pública. Pero, al demostrarse cómo algunos funcionarios públicos aplicaban las fotopapeletas de manera arbitraria o aprovechando la mala señalización, el gobierno decidió suspender su utilización. En palabras del ministro del Interior, su uso se suspenderá “hasta que se mejore la señalización y se afinen los mecanismos de aplicación”.

La implementación de este nuevo sistema de manera improvisada y sin tener en cuenta cómo los funcionarios podrían aprovecharse del mismo es, por decir lo menos, algo penoso. La parte más triste de toda esta historia, sin embargo, es la reacción del ministro. A fin de cuentas, cuando hay problemas para imponer la autoridad la solución no es dejar de imponerla, sino corregir los problemas.

¿O es que acaso el sistema tradicional (el de los policías acercándose personalmente a imponer las papeletas) sí funciona de maravilla? La verdad es que si se tratase de suspender la utilización de los sistemas que funcionan mal habría que empezar por dejar las calles sin policías hasta que se limpie toda la institución de los elementos corruptos, o incluso derogar las leyes de tránsito. Pero eso, evidentemente, sería absurdo, pues es mejor tener un sistema de imponer autoridad que funcione a medias que no tener ninguno.

Las fotopapeletas son una buena idea. Se trata de un sistema que brinda una prueba objetiva de que se cometió una infracción y que reduce las posibilidades de que un mal policía pida una coima. Además, facilitan el trabajo de la policía y permiten que se fiscalice a más conductores. Son una mejora frente a lo que hoy existe. Por eso, habría que seguir utilizándolo –pero bien– en vez de simplemente descartarlo.

QALI WARMA, OTRA VEZ Se anunció que el presupuesto público para el próximo año otorgará aproximadamente S/.460 millones más a los programas sociales en comparación con el 2013. Durante la misma semana, irónicamente, uno de los programas bandera del gobierno, Qali Warma, tuvo que suspender la distribución de raciones alimentarias en los colegios de Chilca, en Huancayo, por haber causado malestares estomacales en algunos escolares beneficiarios del programa. Este miércoles, además, once niños fueron afectados por alimentos descompuestos en Ancash. Y este viernes, 34 niños se intoxicaron en Junín por haber consumido leche de soya en mal estado.

Los sucesos de esta semana no son casos aislados. Ya en mayo, en Arequipa, se denunció que en un par de colegios se había encontrado leche malograda. En aquella oportunidad, el inspector del centro de salud de Tiabaya explicó que en las instituciones educativas se encontraron bolsas de leche de 250 mililitros en mal estado y con mal olor. Asimismo, a mitad de año en cuatro comedores y dos colegios de Huaycán se hallaron altos índices de coliformes en los utensilios, superficies e insumos utilizados por el programa social. El problema fue tan grave que se tuvo que suspender la entrega de raciones de alimentos a todos los colegios que se benefician con el programa en Ate.

Es un escándalo que este tipo de cosas ocurran y que se ponga en riesgo la salud y la vida de niños, especialmente si se encuentran en una situación tan vulnerable. Además, con aún alrededor de un 15% de niños de entre 0 y 5 años afectados por desnutrición crónica (una condición que básicamente los condena de por vida a tener un desarrollo físico y mental subestándar), es imperativo de una vez por todas fortalecer los mecanismos de elección de proveedores para que este tipo de cosas no sucedan. Ojalá, por lo menos, que esta vez la reacción del gobierno no sea alegar que las críticas son parte de “una agenda política” para atacarlo.