(Editorial) La pista del dinero

Como resultado de un vacío legal, las campañas a favor y en contra de la revocación de Susana Villarán no están legalmente obligadas a rendir cuentas públicas sobre la proveniencia de sus fondos. Aun así ambas campañas se han comprometido a subsanar voluntariamente estas deficiencias y publicar a cabalidad las identidades de –y los montos dados por– sus financistas. A la fecha, ninguna de las dos parece creíble en esta intención.

Por ejemplo, Anel Townsend, la coordinadora de la campaña por el No, fue muy enfática en decir: “Hay que cumplir con un principio democrático: rendir cuentas públicamente”. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo financiaría su campaña la contratación (que ella misma anunció) de un asesor tan costoso como Luis Favre –el publicista brasileño que trabajó exitosamente en la campaña que llevó a Palacio al entonces candidato Humala– solo pudo decir que, como aún no se había formalizado la contratación, todavía no se había tenido que “ver” de dónde saldría el dinero. Una respuesta, por lo menos, desconcertante, considerando que, aunque pueda no haberse “formalizado”, la contratación de Favre sí parece haberse decidido con suficiente seguridad como para anunciarse al público (y como para que, de hecho, este lleve ya semanas trabajando por el No vía Twitter).

Tampoco contribuyó con la transparencia que Townsend afirmase que el ex primer ministro Lerner estaba ayudando a conseguir el dinero: cuando este Diario llamó al señor Lerner para preguntarle al respecto, él pidió que lo volviéramos a llamar en media hora para, acto seguido, proceder a desconectar su celular por el resto del día.

Luego el asunto solo ha empeorado. Townsend ha hecho saber que harán públicos los fondos de su campaña una vez que esta termine: es decir, cuando sea demasiado tarde para que los votantes puedan hacer algo con esta información.

El caso de la campaña que dirige Marco Tulio Gutiérrez por el Sí, por su parte, es todavía más intrigante. Como se sabe, este Diario difundió hace aproximadamente dos meses un poco ambiguo video del que se traslucía que un congresista del partido del ex alcalde limeño (y eventual aspirante a reemplazar a Villarán) era financista de la campaña revocadora. Y ya antes habían aparecido varios otros audios que apuntaban en direcciones semejantes. Por otro lado, cuando el señor Gutiérrez salió a cuestionar la poca transparencia del financiamiento de la campaña villaranista, evitó dar alguna información sobre la procedencia de sus propios fondos, con el argumento de que primero debía presentarla a sus organizaciones distritales. Luego se ha comprometido a dar, “de veras”, un reporte de sus gastos mañana lunes.

Algunas personas podrían pensar que la información que ambas campañas parecen querer ocultar no es relevante para su voto: que uno sabe bien las razones por las que quiere que la alcaldesa se quede o se vaya, y que, en esa medida, no tienen por qué importarle los otros motivos que puedan estar sumando en esa dirección. Esta visión, sin embargo, parece un tanto miope. Ignorar algunas de las repercusiones de la acción que uno va a emprender – en el caso, votar en un sentido dado–, supone estar en riesgo de hacer algo que, con la información completa, a uno mismo podría parecerle que logra más mal que bien. Así, por ejemplo, uno podría querer revocar a Villarán porque, verbigracia, considera que se debe castigar la casi total improvisación con que ha manejado la alcaldía, pero no si eso supusiese (si tal fuese el caso) darle una victoria política o moral a algún sector, partido o movimiento que uno podría rechazar aún más que a Villarán.

Conversamente, uno podría querer mantener a la alcaldesa en el cargo porque le tiene simpatía ideológica o le parece que su reforma del transporte será exitosa, pero no si el precio es que ella acabe debiendo el favor (si ese fuese el caso) a una serie de intereses mercantilistas.

Vale la pena precisar, por lo demás, que la mayoría de las personas sí tiene clara la importancia de “seguir la pista del dinero” y ve con sospecha cuando alguien que le está pidiendo su voto echa humo sobre esta pista. Y hay que decir también que quien tiene más que perder con esto es la alcaldesa. Que hay intereses poco santos detrás de la opción por la revocación ya quedó claro –y grabado– hace mucho tiempo: incluyendo, además de las antes citadas grabaciones, al audio en el que el señor Gutiérrez decía que su real móvil era promocionar su instituto/negocio de “gestión municipal”. Los votantes por el Sí ya conocen esta información y ella no parece marcarles mayor diferencia, o porque no le dan mucha importancia en sí o porque les parece más importante lo que se ganaría para la ciudad revocando a Villarán.

El caso de quienes respaldan a Villarán es muy diferente. Muchos de quienes la apoyan lo hacen por su imagen de honestidad y transparencia: una imagen que podría quedar severamente golpeada si ella no despeja convincentemente las dudas acerca de si financian su campaña antirrevocatoria empresas constructoras brasileñas que, además de estar vinculadas con la compañía a la que pertenece su flamante asesor, tienen millonarios contratos con su municipalidad y desearían tener varios más.

Los votantes, en fin, tenemos el derecho de saber para quiénes, además de nosotros mismos, estarán trabajando nuestros votos y, desde luego, de sacar nuestras propias conclusiones en los casos en que se nos quiera ocultar o disimular esta información.