(Editorial) Los platos rotos

Ayer, en nuestro suplemento Día_1, publicamos la primera Encuesta Anual de Expectativas Gerenciales de El Comercio, la cual confirmó un hecho que está en el boca a boca de cada día: la burocracia y la corrupción son percibidas como los factores políticos que más pueden limitar el crecimiento de las empresas peruanas. La encuesta, además, mostró otra penosa realidad: la mayoría de encuestados considera que es poco lo que se avanza para resolver estos problemas.

Lo cierto es que ambos problemas tienen un origen común. En la práctica, a los gobernantes no se les hace responsables por sus acciones. Un congresista o un burócrata, por ejemplo, pueden crear un trámite absurdo o incurrir en un acto de corrupción y, muy probablemente, no pase nada. Así, los funcionarios públicos hacen barbaridades y los ciudadanos pagamos los platos rotos. Y, mientras quien rompa los platos sepa que no va a pagar por ellos, es esperable que las cosas no cambien.

Si queremos solucionar estos problemas, debemos empezar por crear mecanismos para que los ciudadanos puedan responsabilizar a los funcionarios públicos por sus acciones.

En el caso de los congresistas, una manera en la que los ciudadanos podrían controlarlos mejor sería mediante un sistema de distritos electorales más pequeños y en los que se elija solo a un representante (el denominado “distrito uninominal”). Así, los votantes de una determinada circunscripción se identificarían con un solo congresista e individualizarían a quién pedir cuentas personalmente por las decisiones que los afectan. Y si las acciones de ese congresista no los satisface, lo podrían responsabilizar privándolo de su voto en un futuro. Si decide romper un plato, sus representados podrían hacer que lo pague en las próximas elecciones. Hoy, en cambio, existiendo una multiplicidad de representantes por circunscripción, la responsabilidad se difumina en la masa.

El sistema que proponemos, además, facilitaría el control de los parlamentarios porque llevaría a que hubiese menos candidatos por circunscripción y que, al competir por un solo escaño, ellos mismos sean los principales interesados en investigar y denunciar cualquier conducta cuestionable de sus opositores. Todo ello, a su vez, facilitaría que los electores estén mejor informados al momento de elegir. Asimismo, con este sistema, los congresistas sabrían que los competidores que deseen quitarles su curul en la siguiente elección tendrían un ojo vigilante encima suyo.

Sería una gran cosa que, paralelamente, este sistema de distritos uninominales pequeños se combine con uno en el que la elección de los congresistas coincida con la segunda vuelta presidencial. Eso permitiría que la mayoría de votos se agrupen alrededor de las dos principales fuerzas políticas, reduciendo la actual fragmentación del Congreso y concentrando la toma de decisiones en menos fuerzas (lo que facilitaría también que a los electores les sea más fácil identificar a los responsables de las decisiones).

Ahora hablemos del caso de los servidores que trabajan en el resto de incontables entidades públicas. Actualmente es muy difícil volverlos responsables por la decisiones que toman porque no están obligados a sustentarlas y debatirlas públicamente. Un buen día aparece un nuevo reglamento o se crea un nuevo trámite sin mayor justificación. Y ahí es donde nace la excesiva burocracia y se esconde la corrupción.

Si, en cambio, los funcionarios públicos se encontrasen obligados a justificar de manera previa y pública los motivos, costos y beneficios de la creación de cada nueva exigencia que imponen a los ciudadanos habría mucha más información para determinar si actuaron legal y razonablemente. Y, si no lo hicieron, habría información para responsabilizar a quienes hicieron lo que no debían.

Lo que es indudable, a fin de cuentas, es que este gobierno tiene una oportunidad enorme para luchar contra la burocracia y la corrupción. Solo basta que tome la decisión de crear los mecanismos que faciliten que las autoridades paguen por los platos que rompen.