(Editorial) El problema sí es grande

Los dramáticos asesinatos ocurridos en los últimos días han generado una comprensible preocupación general por la seguridad ciudadana. Ello ha llevado a que muchos medios profundicen sobre la situación de inseguridad en la que vivimos y a que se pregunten qué está haciendo el Estado para resolver este problema. Las declaraciones inmediatas del gobierno, no obstante, distaron mucho de ser satisfactorias, como señalamos en nuestro editorial del domingo y como han venido apuntando varios especialistas cuyas opiniones han sido recogidas por este Diario.

El lunes, el señor Pedraza intentó una nueva forma de encarar el problema: minimizarlo. Señaló así que, pese a la ola delictiva y a la gravedad de los últimos hechos, todavía no enfrentamos una situación de emergencia. El ministro resaltó que “si revisamos las cifras de criminalidad del INEI, de la policía y de algunas encuestas, encontramos que los indicadores retroceden pequeña pero progresivamente”. Asimismo, pidió a la prensa que no exacerbe las cifras. Esta actitud fue respaldada por Jaime Delgado, vocero del partido oficialista, quien pidió “no magnificar” la inseguridad ciudadana y no dar la impresión de que “uno camina por Lima y lo asaltan en cada esquina”.

Es cierto que la encuesta del INEI a la que hizo referencia el ministro precisa que la criminalidad en el país se ha reducido ligeramente en el último año. De acuerdo con la misma, si se compara el período julio-diciembre del 2012 con el mismo semestre del año anterior, se encuentra que la población que ha sido víctima de algún delito se ha reducido en 6,8 puntos porcentuales.

Lo anterior no significa, sin embargo, que el problema que enfrentamos no sea muy grave. Según el mismo informe, durante el período julio-diciembre del 2012, de cada 100 encuestados 38 fueron víctimas de la delincuencia. Y lo más preocupante es que tan solo un escandaloso 5,1% de las víctimas denunció el delito y obtuvo resultados positivos, lo que prueba que el Estado deja mucho que desear cuando se trata de resguardar la seguridad de sus ciudadanos. ¿En verdad cree el gobierno, por lo demás, que puede pedirle a la población que no se alarme cuando casi el 40% de ella ha sido víctima de un crimen y cuando casi ningún agraviado ha encontrado justicia?

Estas no son las únicas cifras que muestran lo preocupante de la situación. Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre el 2000 y el 2011 los actos delictivos aumentaron en 80%. Es decir, cuando se observa un período más amplio que el último año, resulta que la situación se ha venido agravando desmesuradamente en la última década. Según el ministro Pedraza, estas estadísticas no coinciden con las de la Policía Nacional. Pero, de ser exageradas las cifras del Ministerio Público, lo tendrían que ser por un margen escandaloso para que el aumento de la delincuencia no fuese alarmante.

Por otro lado, estudios internacionales también ofrecen evidencia de que la seguridad va por mal camino en nuestro país. De acuerdo con el Latinobarómetro, en América Latina el Perú tiene, después de México, el mayor porcentaje de ciudadanos que declaran haber sido víctimas de un delito: 40% entre 1995 y el 2011. Esta tasa, además, se encuentra siete puntos porcentuales por encima del promedio de la región, que de por sí ya es considerada una de las que sufre de mayor criminalidad en el mundo.

Es cierto que la delincuencia no se ha originado con este gobierno. Pero mal se hace al pretender que dicho problema resulta más pequeño de lo que verdaderamente es, pues la primera medida para solucionarlo es volverse consciente de su real dimensión. Y se hace mal también cuando se sugiere que la prensa puede estar creando una sensación de zozobra informando sobre la falta de seguridad. Cuando se examinan con cuidado las cifras, queda claro que la zozobra ciudadana ya existe hace bastante tiempo. Los medios, más bien, parecen estar sirviendo para informar sobre su magnitud al ministro del Interior, quien en realidad debería conocerla mejor que nadie.