(Editorial) Un remedio para el Estado

Hace unas semanas discutimos un proyecto de ley que busca que se cree una entidad estatal que establezca el precio de los medicamentos. Como señalamos en esa oportunidad, el problema que, de ser aprobada, generaría esta iniciativa sería el mismo que ocasiona cualquier control de precios: escasez. Cuando el Gobierno fija el precio de un producto no tiene cómo saber si lo está estableciendo por debajo del monto que justificaría para el empresario seguir vendiéndolo. En consecuencia, involuntariamente puede terminar reduciendo la oferta del bien cuyo precio regula, dejando a muchos consumidores sin posibilidad de acceder a este. Los controles de precios, por eso, terminan siendo como armas que disparan contra aquellos a quienes quieren proteger.

La implementación de este tipo de medidas es, por ejemplo, uno de los factores que explican la situación de escasez que hoy existe en Venezuela. Actualmente el Gobierno controla los precios en 19 sectores, lo que impide que los ciudadanos puedan conseguir bienes de primera necesidad como harina, margarina, arroz, pollo, carne, azúcar, jabón, papel higiénico y, coincidentemente, medicamentos. De hecho, según el vicepresidente ejecutivo de su Cámara de la Industria Farmacéutica, desde el 2003 existe en Venezuela una ley que mantiene congelados los precios de alrededor de 1.400 productos farmacéuticos que componen el 30% de las medicinas disponibles en el país. Esto, según lo que él señala, habría llevado a que escaseen medicamentos básicos e incluso fármacos para tratar problemas de salud complejos, como los retrovirales que se administran a los pacientes que sufren de VIH.

De esta manera, el proyecto de ley planteado en nuestro país (que parece inspirado en los principios económicos chavistas) distaría mucho de ser bienvenido por cualquier persona que necesite medicinas. Esto, sin embargo, no quiere decir que el Estado no deba pensar en otras medidas para que la oferta de fármacos aumente y sus precios bajen. Estamos hablando, después de todo, de la salud de los peruanos. Y, afortunadamente, hay alguien en el Estado que sí lo está haciendo.

La Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, junto con la Cámara de Comercio de Lima, ha realizado una serie de talleres para identificar cuáles son los principales obstáculos que pone el mismo Estado para la comercialización de productos destinados a la salud, higiene y cosméticos. Fruto de esas reuniones se publicó recientemente un informe que identificó 32 potenciales trabas burocráticas que encarecen estas actividades, de las que son responsables Digemid, Digesa y Senasa.

El informe muestra, entre otros problemas, que los procedimientos de Digemid no han sido actualizados según las últimas disposiciones legales, que esta entidad actuaría de forma discrecional y que, debido a ello, dilataría impredeciblemente los plazos de emisión de los registros sanitarios (sin los cuales no es posible comercializar, entre otros, los productos farmacéuticos). Asimismo, el informe señala que el Estado tarda mucho en el proceso de control de calidad del primer lote de un medicamento, lo que expone a los consumidores a un período de desabastecimiento del producto (lo cual, naturalmente, podría incluso elevar el precio de sus sustitutos durante ese tiempo). Y estos no serían los únicos trámites en los que la administración pública demoraría más de lo que debe. La emisión de autorizaciones sanitarias de funcionamiento (para traslados, ampliaciones, modificaciones o cambios de información de la empresa), por ejemplo, tomaría en promedio 106 días, más de tres veces y medio del tiempo máximo que legalmente se puede tomar la entidad para resolver estos pedidos. En el informe, en fin, abundan los ejemplos de cómo el Estado pone trabas para que se consiga la finalidad que el mismo Estado desea: que haya más oferta de medicinas y a menores precios.

Hay que celebrar, por esto, que el Indecopi haya hecho el esfuerzo de estudiar cómo agilizar la comercialización de fármacos para que los ahorros que podrían lograr las empresas puedan ser trasladados a los consumidores a través de precios menores (gracias a la competencia). Solo queda esperar que, por el bien de los ciudadanos, las entidades involucradas le hagan caso a las recomendaciones del informe y realicen un esfuerzo similar para levantar las barreras que ellas mismas crean. Y es que, por lo visto, a quien hay que administrar primero un remedio es al propio Estado.