(Editorial) Revolución K

En los últimos meses, el periodista argentino Jorge Lanata se ha convertido en el mayor dolor de cabeza de Cristina Kirchner. En su programa Periodismo para todos, entre otras cosas, ha acusado a Lázaro Báez, empresario kirchnerista, de sacar millonarias sumas de dinero destinadas a paraísos fiscales en una operación en la que Néstor Kirchner habría estado directamente involucrado; ha denunciado la existencia de una bóveda secreta en casa de Cristina Kirchner y ha presentado un informe con el sorprendente incremento patrimonial de la pareja de esposos y de sus funcionarios más allegados.

En la entrevista al señor Lanata que publicamos ayer, el periodista contó cómo la presidenta “cree que está haciendo una revolución”, para lo cual le es necesario terminar con la prensa libre. Un reciente ejemplo es la maniobra desesperada de la señora Kirchner para restar ráting al citado periodista: por disposición del gobierno los partidos de fútbol más importantes ahora se juegan al mismo tiempo que su programa.

Esta, por supuesto, no es más que la última de una larga lista de golpes que desde la época de Néstor Kirchner se han venido propinando contra la prensa argentina.

Quizá la batalla más sonada de los Kirchner fue la que comenzó cuando el grupo Clarín se opuso a la intención del gobierno de subir los impuestos a los agricultores. Desde el 2009, los Kirchner se han encargado de que los partidos de fútbol ya no se pasen en los canales del grupo, han allanado –a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (la Sunat argentina)– el diario “Clarín” e incluso han acusado a la dueña del periódico de haber secuestrado a sus hijos adoptivos en complicidad con la dictadura militar (acusación desvirtuada por pruebas de ADN). En el 2009, además, la nueva ley de medios estableció que el grupo Clarín debía deshacerse de muchas de sus licencias de radio y televisión. El grupo consiguió una medida cautelar para detener la aplicación de dicha ley y la justicia argentina le dio parcialmente la razón (aunque aún se espera un pronunciamiento final de la Corte Suprema, mientras, a su vez, el gobierno impulsa normas para terminar con la independencia judicial).

Quizá el peligro más grande que afronta hoy el grupo Clarín es que, a fines del año pasado, una modificación a la ley de mercados de capitales otorgó facultades a la Comisión Nacional de Valores para intervenir en aquellas empresas en las que considere que accionistas minoritarios estén siendo perjudicados (ya sea nombrando un veedor por 180 días u ordenando un desplazamiento total del directorio y su reemplazo por un interventor). Esto es peligroso para el “Clarín”, pues –gracias a la estatización del sistema previsional– el Estado posee 9% de las acciones del grupo. Aunque el gobierno ha asegurado que no usará esta facultad, también es cierto que a fines del mes pasado el secretario de Comercio Interior irrumpió en la asamblea general de accionistas del grupo Clarín y le dijo a otro funcionario que estaba con él: “¡Mirá todo lo que vamos a tener!”.

La persecución, por lo demás, no se ha limitado a este grupo. En su reporte del 2013, la organización Freedom House denunció que desde el año pasado el Estado ha venido manipulando la distribución de publicidad oficial para favorecer a los medios afines al kirchnerismo. Acusó también al gobierno de protagonizar, usualmente a través de medios públicos, campañas de desprestigio contra periodistas críticos al régimen. A esto se suma este año la acusación de la oposición de que el secretario de Comercio Interior “solicitó” a los supermercados y grandes empresas no publicar avisos en varios diarios opositores.

Actualmente, además, una medida amenaza con dar a la señora Kirchner un arma todopoderosa: el gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca quitar a “Clarín” y a “La Nación” (otro importante periódico opositor) parte de sus acciones en Papel Prensa, para hacerse así con el control mayoritario de la única empresa que produce papel periódico en Argentina. El gobierno podría entonces fijar el precio, y controlar la producción, comercialización y distribución del papel.

Estas, en fin, son solo algunas de las acciones mediante las cuales la presidenta de Argentina busca acallar las voces incómodas para su “revolución”. Acciones que parecen haber sido tomadas del mismo libreto que vienen usando las “revoluciones” de los señores Chávez, Maduro, Correa y Morales.