(Editorial) Rifando la libertad

El juez David Suárez, del Primer Juzgado Constitucional de Lima, hizo historia el martes. Ese día, él declaró fundada una medida cautelar interpuesta por el defensor del Pueblo. Con su decisión se logró detener el sorteo que iba a servir para determinar qué jóvenes serían forzados a prestar el servicio militar.

Este Diario sentó su posición sobre el tema desde que este saltó al debate público: en una sociedad de personas libres nadie debería tener la potestad de decidir en contra de la voluntad de un individuo a qué se dedicará este, a quién obedecerá, cuánto trabajará, dónde vivirá, qué comerá y cuándo podrá salir a la calle. Y más aun si todo esto implica poner en riesgo su vida.

Por ello, dijimos, cada vez que el Estado necesite un servicio no debería obligar a los individuos a prestarlo sino, en cambio, pagar el precio.https://elcomercio.pe/actualidad/1592671/noticia-ollanta-humala-no-hay-plata-darle-sueldo-minimo-soldados por el que la gente esté dispuesta a ofrecerlo voluntariamente. ¿Acaso, por ejemplo, cuando el gobierno necesita construir carreteras realiza un sorteo para elegir a un grupo de ciudadanos al que luego fuerza a trabajar en su construcción? Como dijo hace poco Miguel Palomino, parece que el servicio militar es “la nueva mita” del Perú.

Por supuesto, la decisión del juez Suárez no solo fue correcta porque en el Perú hace años se abolió la esclavitud (a pesar de que algunas personas parecen no haber sido informadas). Además, dio en el clavo porque la manera en la que la ley se quiere implementar es escandalosamente discriminatoria: en la práctica solo quienes no puedan pagar la multa de S/.1.850 o no estén realizando estudios universitarios –en otras palabras, los más pobres– harán el servicio militar.

La reacción del gobierno frente a la sentencia fue criticarla duramente (aunque, eso sí, acatándola en un ejercicio de respeto a la división de poderes). Una reacción por lo demás previsible, siendo el autor de la iniciativa. Los argumentos que utilizó para criticarla, no obstante, sí son sorprendentes, si no inquietantes.

El señor Humala, en un primer momento, reaccionó señalando que a quienes se oponen al servicio militar obligatorio “no les interesa la seguridad nacional”. Preocupa sobremanera que el presidente crea que su servicio militar es la solución a los problemas de seguridad. La respuesta a estos últimos, a fin de cuentas, no puede descansar en un ejército de muchachos con precario entrenamiento y que –en palabras del primer ministro– se espera que terminen el servicio aspirando a ser choferes. Menos aun cuando, por las pésimas condiciones que se les brinda, desertan en números que alcanzan hasta los siete mil por año. Si el presidente quisiera enfrentar el problema de la seguridad nacional de manera seria, debería concentrarse en crear un ejército profesional, bien entrenado y adecuadamente remunerado, en vez de reclutar jóvenes que sirvan como carne de cañón.

El argumento más perturbador, sin embargo, vino después. El presidente justificó el sorteo señalando que “no hay plata para poner un sueldo mínimo vital para los soldados”. Habría que preguntarle al señor Humala si le parecería justo que alguien lo obligue a él –o a sus ministros y congresistas– a trabajar todos los días en contra de su voluntad y a cambio de una propina con la excusa de que no tiene plata para pagarle. Bajo la pretendida lógica del presidente, si mañana el Estado decide comprar una refinería alegando motivos de alto interés nacional (compra para la que aparentemente sí podría haber plata), pero no tiene dinero para pagar a los trabajadores, sería legítimo hacer una rifa mediante la que se seleccione a quienes se forzaría a trabajar en la planta.

Ahora bien, quien mejor evidenció la alarmante ceguera del gobierno para darse cuenta de que está disponiendo de vidas ajenas como quien dispone de objetos de su propiedad fue el ministro de Defensa. Hace un par de semanas, él trató de justificar el sorteo diciendo que “son 12.500 personas y tampoco hablamos de una cifra estratosférica, no perdamos el sentido de la realidad. Se trata de un requerimiento técnico de las Fuerzas Armadas”. Así, para el gobierno, no solo el derecho a la vida y a la libertad se encuentran subordinados a las necesidades “técnicas” del cuartel, sino que su atropello se justifica siempre que no llegue a cifras estratosféricas.