(Editorial) Su derecho a elegir

(Editorial publicado el 24 de octubre de 2013)

Hasta ahora, señor lector, este Diario había evitado pronunciarse sobre la controversia generada por el grupo La República en torno a la asociación del grupo El Comercio con el grupo Epensa, presentada como una forma de “acaparamiento” que pondría en peligro la libertad de expresión.

Esta era la razón de nuestro silencio: nos parecía que el doble estándar detrás de los argumentos dados para presentar la aludida asociación como un tema no estrictamente empresarial era demasiado evidente como para ameritar una respuesta. Al fin y al cabo, como se sabe, justo antes de empezar su campaña de “denuncia” en contra de la “concentración”, el grupo La República había intentado comprar Epensa a la familia Agois en una adquisición hostil que le hubiera dado la propiedad del 66% del mercado de prensa escrita a nivel de provincias. Y cuidado que este era un 66% que implicaba la compra de una concentración significativamente mayor a la que existe ahora: a diferencia de lo que ha hecho el grupo El Comercio, la operación ensayada por el grupo La República no contemplaba dejar la línea editorial de los cuatro medios de Epensa en manos de una empresa que continúa siendo enteramente controlada por la misma familia Agois. Es decir, si el grupo La República hubiese tenido éxito en su adquisición, tendríamos en el mercado de prensa escrita solo dos grandes grupos editoriales de alcance nacional en lugar de los tres que existen hoy.

No obstante lo anterior, la incesante campaña del grupo La República por intentar confundir a la opinión pública sobre este tema (campaña que recientemente llevó a la SIP) y sus obvias tentativas de lograr algún tipo de intervención estatal en el mismo, nos han convencido de la necesidad de responder a esta operación mediática y de mostrar lo endeble de sus razones. Particularmente, luego de las ambiguas declaraciones en las que el primer ministro ha aludido a un supuesto “vacío” en nuestra regulación de medios y ha implicado que este caso es un ejemplo de cómo el derecho a la “libertad de expresión” de las empresas puede perjudicar el “derecho a informarse de las personas”.

No queremos que nuestro silencio posibilite que, aunque solo sea a punta de repetir falacias, se confunda a muchas personas de buena fe y eventualmente se acabe creando el ambiente propicio para alguna futura intervención estatal en la prensa al estilo de la Argentina de Cristina Kirchner, el Ecuador de Correa o la Venezuela de los chavistas.

Por todo esto, nos parece importante exponer lo siguiente:

La única manera en que un medio puede alcanzar sosteniblemente un porcentaje dado del mercado de prensa escrita es mediante la elección de las personas que lo leen. Luego, no es posible limitar el derecho de un medio a alcanzar tal o cual porcentaje del mercado sin limitar al mismo tiempo el derecho de los consumidores a elegirlo.

Dicho de otra forma: la libertad de crecimiento de los medios no es más que la otra cara del derecho de las personas de elegir sus fuentes de información.

Así las cosas, si hoy el grupo El Comercio tiene el mayor número de lectores de prensa escrita en el país es porque en los últimos años logró desarrollar productos innovadores –como “Trome”, “Perú21” o “Depor”– que gustaron al consumidor, quien los convirtió en los líderes indiscutidos de sus respectivos segmentos. De esta forma fue como el grupo El Comercio, que hace 11 años tenía solo el 10% del mercado de prensa escrita, pasó a tener el 50% del mismo antes de la asociación con Epensa, mientras que en el mismo período el grupo La República cayó del 29% del mercado al 16%. En otras palabras: el grupo El Comercio tiene su posición actual solo por obra y gracia de la elección del consumidor, que puede “concentrar” o “desconcentrar” según quiera, cualquier día. De hecho, nadie podría impedir que los lectores del grupo El Comercio se fuesen al grupo La República si un día este desarrollara diarios que los consumidores comenzasen a preferir. Después de todo, a diferencia de los políticos, la votación a la que estamos sometidos los medios es diaria: esa que ocurre todas las mañanas en los quioscos.

El Derecho, por lo demás, toma en cuenta lo antes descrito. Al menos cuando no se le intenta torcer. El artículo constitucional que prohíbe el “acaparamiento” de medios está pensado exclusivamente para la radio y la televisión, porque ambas dependen de un espectro radioeléctrico cuyo número de frecuencias es limitado. Es decir, porque existen en un espacio donde la puerta no está siempre abierta al ingreso de nuevos competidores, como sí sucede con la prensa escrita, donde el ingreso es ilimitado (en cuyo mercado, por cierto, está confirmada la próxima llegada de un nuevo competidor, aparición que nosotros, que sí creemos en la competencia, aprovechamos para saludar). No hay, pues, un “vacío” legal por “reglamentar”, como lo ha sugerido equivocadamente el primer ministro.

Por su parte, igual es el caso de la hoy tan mentada “posición de dominio”. Esta posición no está sancionada en el Perú justamente porque ella puede ser –como de hecho ocurre en el mercado de prensa escrita– la simple expresión del éxito en la satisfacción de los consumidores. Lo que está sancionado es “el abuso de la posición de dominio”: su uso para prácticas anticompetitivas. De esto último nadie nos ha acusado ni nadie podría hacerlo fundadamente.

No hay que dejarnos engañar. Esta campaña no busca recortar “el poder” del grupo El Comercio: busca recortar el poder de elegir del lector. Y busca hacerlo aun a costa del peligroso juego de meter al Estado a trazar límites que solo correspondería dibujar a usted, señor lector, con sus preferencias. Y busca hacerlo intentando emplear las banderas de la libertad de expresión como disfraz. Y todo esto, para servir a un interés empresarial privado de lograr en el mercado, a través de la ventana del Estado, lo que no le cupo por la puerta de la competencia.