A partir de este año, las empresas que no coticen en bolsa, pero que tengan ingresos anuales o activos mayores a S/.111 millones, se encuentran obligadas por ley a presentar su información financiera auditada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Luego del ejercicio 2013, esta exigencia comprenderá a aquellas con ingresos mayores a S/.11 millones.

¿Por qué se le ha impuesto a estas empresas la obligación de ventilar abiertamente sus finanzas? Cuando se diseñó la norma se dijo que se buscaba lograr mayor transparencia con el público. Pero esto, sin embargo, más suena a excusa. Y es que el público no tiene ningún interés (por lo menos legítimo) en cómo se manejan las cuentas de una empresa que no cotiza en bolsa y en la que no es posible que cualquiera invierta libremente.

Los autores de la norma, realmente, obviaron el pequeño detalle de que existe algo llamado “derecho a la privacidad” que su ley atropellaría. Por la misma razón que todas las personas tienen derecho a guardar secreto sobre sus cuentas bancarias, todas las empresas que no coticen en bolsa deberían tener la posibilidad de evitar que el resto meta las narices en sus estados financieros.

Además, los legisladores ignoraron que los miles de empresas a los que se dirige su norma tendrán que pagar en promedio 15 mil soles por cada auditoría y que enfrentarán el problema de que sus competidores accederán a información comercial que les convendría mantener reservada. Finalmente, obviaron que la norma generará una burocracia innecesaria en la SMV, que pagaremos todos los contribuyentes.

Pero no todos salen perdiendo con esta nueva ley. Resulta que hay cuatro auditoras a las que las grandes empresas suelen recurrir cuando necesitan auditar sus estados financieros. Hoy, gracias a la norma en cuestión, tienen un mercado cautivo enorme que les asegura varios millones de soles en consultoría extra al año. ¿Qué suerte, no?

¿VA O NO VA? El fin de semana, el primer ministro Juan Jiménez Mayor ratificó que Nadine Heredia fue muy clara en negar una intención de postular a la presidencia en el 2016. Esto fue, precisamente, lo que muchos entendimos cuando, a raíz de que se hizo pública la intención de algunos de sus correligionarios de modificar la norma que le prohíbe postular a la presidencia, la esposa del presidente señaló que una ley con nombre propio violaría los principios democráticos en los que cree.

Pero daría la impresión de que las declaraciones de la señora Heredia de que no buscará ser la próxima presidenta no fueron tan claras para todo el mundo. Para la ONPE, por ejemplo, que días después se apuró en presentar un proyecto de ley que habilitaría a la esposa del presidente a postular en el 2016 y del que luego se arrepintió cuando se dio cuenta del escándalo que había ocasionado. O para el presidente del Congreso, que declaró su voluntad de debatir el proyecto “lo más rápido posible”, creando la sensación de que el oficialismo podría tener prisa por aprobar el cambio legal antes de que las críticas se volvieran más fuertes. Incluso, parece que las declaraciones que el primer ministro calificó inicialmente como claras, luego le resultaron algo ambiguas a él mismo. Y es que ayer no quiso descartar tajantemente una posible candidatura de la esposa del presidente y se contentó con decir que el proyecto de ley tendría que “discutirse en algún momento”.

Hay una sola persona que puede poner punto final a toda la nociva especulación que han generado estas ambiguas acciones y declaraciones: la señora Heredia. De ella depende que paren las acusaciones de que el gobierno de su esposo cobija un proyecto de permanencia en el poder de la pareja presidencial. Ella debe decir, claramente, si se propone o no postular a las próximas elecciones. Y que recuerde que en estas circunstancias quien calla –o es ambiguo– otorga.