Nuestro país sufre de una triste tradición en lo que a asignación del presupuesto público se refiere: la regla general es que cada año se asigna a cada institución lo mismo que el año anterior más algún porcentaje, sin evaluar si ella ha cumplido sus objetivos e incluso, en algunos casos, sin que siquiera se hayan previamente establecido metas o indicadores que permitan medir avances. Es decir, aparentemente por pura inercia, cada año se entrega lo mismo más un pequeño plus, solo para mantener la burocracia y ejecutar algunas nuevas acciones, pero no según los requerimientos de un plan elaborado para conseguir determinados resultados que cambien para bien la vida de la población.

Por eso es tan importante la reforma de diseñar, en vez de un presupuesto centrado en las necesidades de la burocracia, uno centrado en las necesidades de los ciudadanos, en el que solo se asigne más dinero a aquellas entidades que han cumplido con las metas establecidas para cada año y que puedan justificar la necesidad de mayores recursos.

A partir del 2007 se introdujo un cambio fundamental: se precisaron algunas metas en temas de alta prioridad como la desnutrición infantil, la mortalidad materno-infantil o los niveles de aprendizaje, y se empezó a orientar el presupuesto y las compras de algunos programas o instituciones de forma tal que fuese posible alcanzar esas metas. Esto significaba que programas de ministerios distintos se articulaban entre ellos y complementaban esfuerzos para alcanzar la meta. Y el articulador –y el que monitoreaba los avances– era el Ministerio de Economía (MEF), que además contrataba evaluaciones independientes que servían para introducir mejoras o rectificaciones. El MEF, de esta manera, tomaba el rol del capitán que conducía a las tropas para que marchen en la misma dirección, con la finalidad de alcanzar un objetivo concreto.

Bajo esta metodología, de a pocos, se empezó a conseguir resultados. Los niveles de desnutrición infantil, por ejemplo, que habían permanecido estancados en alrededor del 25% desde la segunda mitad de los noventa, empezaron a caer nuevamente, hasta alrededor de un 17% (aunque luego cambió la metodología de medición). Para ello, programas de los ministerios de Salud y de la Mujer, principalmente, se articularon en el Programa Articulado Nutricional (PAN).

Hacia el 2011 alrededor del 12% del presupuesto nacional funcionaba ya de esta manera. El nuevo gobierno decide entonces acelerar este proceso y para el 2012 da un salto al 41% del presupuesto público, con la meta de llegar al 100% el 2016. Para el 2013 se ha proyectado un 48% del total pero, para hacer posible tamaño salto, se introdujeron cambios que habrían establecido una nueva metodología menos rigurosa, existiendo el peligro de que, en muchos casos, se permitiese a las entidades mantener los mismos procedimientos del pasado. Esto fue advertido en setiembre del año pasado en este Diario por el ex ministro Luis Carranza, quien señaló que se estaba pasando a “programas presupuestales con enfoque de resultados”, que no es lo mismo que “presupuesto por resultados”. La diferencia sería que con el nuevo enfoque la articulación de varios programas para obtener un resultado estratégico y el monitoreo del MEF desaparecían y se le entregaría todo el manejo a la institución.

De la misma opinión es el docente de la Universidad del Pacífico Roger Salhuana, quien indica que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2013 no asigna recursos estratégicos en función de resultados claves que involucren el accionar sincronizado de los tres niveles de gobierno. A diferencia de lo que se había logrado, el nuevo presupuesto no encadenaría los recursos al logro de metas claras y perseguidas de forma coordinada por las distintas entidades involucradas.

Parece claro que, más allá de las etiquetas, la anterior metodología suponía que una entidad especializada establecía objetivos comunes, coordinaba esfuerzos y evaluaba independientemente resultados. Hoy en cambio, parece que la nueva política del gobierno es: adiós al capitán y que cada tropa escoja y persiga su objetivo por su lado. Una pena para los ciudadanos.