(Editorial) Vacas mineras

El domingo, el ministro de Energía y Minas decidió que era hora de cambiar la actitud que el Gobierno ha mostrado frente a la desaceleración económica y de poner énfasis en que el vaso realmente está medio lleno. El señor Merino, en vez de concentrarse en las oportunidades perdidas, prefirió enfocarse en los grandes proyectos mineros que estarían por iniciarse en el país.

Concretamente, el ministro hizo referencia a tres importantes proyectos. Toromocho empezaría a operar a fin de año y supondría una inversión de US$4.800 millones. Las Bambas, por su parte, daría frutos en la primera mitad del 2015 gracias a una inversión de US$5.200 millones. Finalmente, la ampliación de Cerro Verde comenzaría a producir en el 2015 y en ella se invertirían más de US$5.000 millones. Adicionalmente, según un reporte del Ministerio de Energía y Minas, habría tres nuevos proyectos que sumarían inversiones por US$2.894 millones: Zafranal, Accha y Fosfatos Mantaro.

Estas, sin duda, son estupendas noticias y hay que felicitar al ministro por colaborar con tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta situación también debería ser una oportunidad para que el Gobierno reflexione sobre cómo hacer para que estos y otros proyectos mineros no vayan a quedar absurdamente atracados en el camino. Y para esto sería importante que encuentre respuestas a varias preguntas.

Para empezar, ¿cómo lidiará con el movimiento antiminero la próxima vez que organice violentas manifestaciones para paralizar proyectos extractivos (probablemente basadas en mentiras, como sucedió, por ejemplo, en Conga)? Después de todo, hasta la fecha el Estado no ha sido muy exitoso en lo que a esto respecta.

Por otro lado, el Gobierno debería responder otra pregunta igual de complicada: ¿cómo hacer para que la población confíe en que los estudios de impacto ambiental que él valida y las autorizaciones que él otorga realmente resguardan su bienestar? A fin de cuentas, buena parte de los conflictos socioambientales tienen que ver con que el Estado no tiene legitimidad para convencer a los ciudadanos de la zona en cuestión de que él ha verificado que la minera cumple con los estándares ambientales.

Asimismo, el Gobierno debería explicar cómo le dará a los inversionistas la tranquilidad de que no se les cambiarán las reglas de juego (y por lo tanto los costos previstos) una vez que ya realizaron su inversión. Y es que esto fue lo que sucedió también en el caso de Conga. Recordemos que ahí, pese a que se habían cumplido todos los requisitos legales y que un peritaje internacional confirmó que no habría contaminación, el Gobierno decidió exigirle a la empresa una serie de condiciones que no se encuentran establecidas por ley alguna. Con eso, envió a los inversionistas el mensaje de que, en este país, las reglas no son claras.

Finalmente, el Gobierno debería encontrar cómo resolver los problemas que ha creado la confusa regulación de la consulta previa. No queda claro cuándo la negativa de la población será suficiente para bloquear un proyecto. No queda claro a qué comunidades habrá que consultar. Y, por la desactualización de sus padrones, no queda claro tampoco quiénes son los miembros de las comunidades.

Todos estos son cuestionamientos a los que el Gobierno debe encontrar solución, pues los últimos años han dejado claro que, para la minería, tan problemáticas como la caída de los precios de los metales son las condiciones que enfrenta la inversión dentro del país. Es por la suma de ambos factores que, para julio, la cantidad de petitorios mineros disminuyó 25% respecto al mismo período durante el 2012.

Como señala el ministro Merino, el panorama del país “no es tan negativo” y hay que saludar su iniciativa de buscar acelerar los plazos para los nuevos proyectos. Pero es importante que se encuentren respuestas a las preguntas que hemos mencionado, ya que se trata de cuestiones de las que depende el sector minero en general.