(Editorial) ¿De vuelta al futuro?

Hay tres preguntas esenciales que a la fecha siguen sin respuesta en torno al descubrimiento de la protección personal (superior a la de los ministros) que uno de los más conocidos operadores de Vladimiro Montesinos en los años 90, Óscar López Meneses, ha venido recibiendo de nuestra Policía Nacional del Perú (PNP), junto con invitaciones a palcos oficiales.

¿A cambio de qué servicios recibía López Meneses estos beneficios? ¿Quién usufructuaba de esos servicios? Y, finalmente, ¿para efectos de qué plan los usufructuaba?

Dicho eso, sin embargo, hay varias cosas que sí están claras. Entre ellas, destacan las siguientes:

1. Las órdenes de servir a López Meneses vinieron de un muy alto nivel. Tanto, que fueron retransmitidas ni más ni menos que por el general Raúl Salazar, quien fuera hasta hace poco el inamovible director general de la policía de este gobierno, además de por tres otros muy importantes generales de la PNP.

2. Quienquiera que dio estas órdenes escondió lo que hacía desde el primer momento. Para efectos oficiales de la PNP, las casas del señor López Meneses que estaban siendo protegidas aparecían como de un tercero: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto.

3. Ninguna de las habilidades conocidas del señor López Meneses es un buen indicio con respecto a la naturaleza de los servicios que estaba dando a quienquiera que servía. Baste con recordar que fue sentenciado por recibir dinero público de manos de Montesinos, para quien coordinaba la captación de tránsfugas en el Congreso, y que, aun luego de la caída del régimen fujimorista, se le encontraron equipos de interceptación telefónica y un teléfono encriptado con el que se comunicaba con el entonces ya fugado asesor.

4. La reacción del Gobierno ha sido de mucho ruido y pocas explicaciones, generando la impresión de que no hay un interés sincero por que se investigue y se conozca la respuesta a las tres preguntas antes mencionadas. “¡Basura!”, ha exclamado el presidente en relación a López Meneses, y han volado una serie de cabezas de la cúpula policial, además de la del ministro del Interior y luego, cuando se vio que esto no sería suficiente, la del propio asesor presidencial Adrián Villafuerte. Pero nadie en el Ejecutivo ha precisado de qué era responsable cada uno de los expulsados ni quién estaba moviendo los hilos que todos tenían en común, ni con qué objeto.

Desde luego, el Gobierno cometería un grueso error si creyese que va a lograr que este asunto se difumine sin mayores respuestas. Este es un problema mayúsculo: no se ha descubierto solo un lado montesinista operando en algún nivel del Gobierno, se ha descubierto a quien fuera uno de los principales operadores del mismo Montesinos recibiendo evidentes contraprestaciones de este lado. Algo que, a su vez, ha servido para recordar las acusaciones que ya antes habían señalado que el mismo López Meneses habría coordinado las listas de congresistas del partido del presidente en el 2006. Y también las que resaltaban los vínculos que, en los años del poder de Montesinos, tanto López Meneses como su suegro, el fugado general Víctor Malca, tenían con el general César Saucedo, de quien Adrián Villafuerte, máximo asesor en seguridad de nuestro actual presidente hasta el viernes en la noche, era edecán.

De hecho, si este asunto no se aclara satisfactoriamente, de poco valdrá al Gobierno cualquier otro esfuerzo serio que intente realizar en algún campo. Por lo pronto, la confianza que sustenta al crecimiento (que a su vez sustenta la reducción de la pobreza y cualquier eventual reforma como la del servicio civil o la de la educación) se le venía cayendo al Ejecutivo ya antes de este episodio. ¿Qué podemos esperar entonces si los inversores empiezan a creer que estamos nuevamente en uno de esos caminos que, tarde o temprano, desembocan en una crisis político-social como la de los finales del gobierno de Fujimori? ¿Y qué si la ciudadanía en general, con cuyo entusiasmo tampoco cuenta el Gobierno en las encuestas, empieza a pensar que hay algún tipo de plan oculto sobre el poder urdiéndose desde las alturas del mismo?

Considerando la implícita negativa del presidente a ser él quien lidere el develamiento público de este asunto, el flamante primer ministro tendría que llegar el lunes a la sesión de su presentación en el Congreso llamando a la formación de una comisión investigadora y mostrando –con hechos– una auténtica disposición de su gobierno a ayudar a esclarecer la situación hasta el fondo. Así tal vez podría evitar que le suceda en los umbrales de su gestión lo que pasa algunas veces en las puertas de las clínicas y, en lugar de recibir un voto de confianza, ser declarado “ya muerto al llegar”, dejando tras de sí a un gobierno cubierto por la oscuridad y las sospechas.