Ni una firma más, la columna de Fernando Tuesta

Reducir el número de firmas de adherentes para inscribir un partido político (1%) o mantener la exigencia actual (4%) es un debate equivocado. Las firmas no han constituido un requisito que demuestre la existencia real de un partido político; es más, ha creado un círculo perverso entre mercado negro y partidos cascarón. En cuatro décadas se ha pasado de solicitar 40.000 firmas a más de 730.000 firmas, más de 10 veces más.

Si en la década de 1980 los partidos presentaban menos firmas pero tenían militantes y aparatos partidarios, desde el desplome del sistema de partidos en los 90, las exigencias subieron, pero los partidos se multiplicaron pese a carecer de militantes y maquinarias dispuestas a lograrlas. ¿Qué ocurrió? Lo de siempre. Cuando la ley da espaldas a la realidad, esta se burla. Ningún partido político puede conseguir ese número de firmas válidas de adhesión. No hay país con tan alta exigencia. Por ejemplo, Colombia y Ecuador exigen 1,5% del padrón; Chile, 0,5% de los que votaron en la última elección.

Una exigencia de esa naturaleza incentiva un mercado negro de falsificación de firmas. Por eso, salvo contadas excepciones, no se ve a militantes buscando firmas en plazas y calles, y si los hay, es para que los medios tomen fotos o filmen en una actividad que requeriría una movilización masiva. Aquella idea extendida de que se consiguen firmas regalando fideos es otro engaño. Si un kilo de fideos costara S/2, debería gastarse más de S/1’400.000 solamente en firmas, que luego deben ser verificadas.

Por lo demás, aquí lo importante, la firma solo puede ser considerada como verdadera si se hace un examen grafológico. Y sería oneroso en tiempo y dinero hacerlo con las miles que se entregan. Los organismos electorales solo comprueban –no pueden hacer más– si la firma presentada en el planillón se parece a la que está registrada en el Reniec.

En consecuencia, pedir firmas es alimentar un mercado negro, no es un requisito que demuestre que un partido ha cumplido la ley. Basta ver el cuadro de partidos inscritos para darse cuenta de que difícilmente pudieron superar esa exigencia; es decir, es un requisito inútil para demostrar que un partido político existe, y es oneroso para el Estado, puesto que se gasta en personal, logística, administración, seguridad, equipos, programas, etc. Eliminar ese requisito de inscripción sería un paso certero.

Sin embargo, exigir 4% de firmas de adhesión es un candado para impedir el ingreso de nuevos partidos. Si eso se combina con la necesidad de que un partido político se inscriba tres años antes de postular (abril del 2018), se está cerrando el sistema de partidos a las actuales organizaciones.

Hay que colocar requisitos realistas y verificables. Por ejemplo, exigir que para que los partidos puedan inscribir sus listas de candidatos y mantener su inscripción celebren elecciones internas abiertas con la participación de unas 100.000 personas. Así, se centra la atención en la participación y no en documentación falsa. En otras palabras, no más firmas, más realidad.

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