La justicia en su hora Cabana, la columna de Héctor Villalobos

Mientras en Lima y Madrid los Humala-Heredia y Alan García protagonizan un nuevo capítulo de su vieja historia de enemistad y desencuentros verbales que tiene ya más de una década –y que dicho sea de paso llevó a  ambos bandos a la mutua destrucción política–, en algún lugar de San Francisco, California, el ex presidente Alejandro Toledo celebra tres meses de impunidad.

Fue el 9 de febrero de este año que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Toledo, a quien se lo acusa de haber favorecido a Odebrecht para obtener la buena pro de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Posteriormente, Toledo sumó a su prontuario otro pedido de prisión preventiva, esta vez por el Caso Ecoteva.

Sea por exceso de rigor de las autoridades estadounidenses o por omisiones de las autoridades judiciales peruanas, lo cierto es que el pedido de arresto provisorio con fines de extradición todavía no se hace efectivo y Toledo puede seguir paseando libre por California. La medida en su contra ha cumplido ya 90 días y puede pasar mucho tiempo antes de que se ejecute.

La imagen pública de Toledo ha experimentado una metamorfosis radical en los últimos 17 años. De símbolo de la lucha contra la corrupción en el 2000 ha pasado a ser imagen de esa misma corrupción en el 2017. Antes salía en las fotos acompañado por presidentes, intelectuales y personalidades de prestigio mundial. Hoy su rostro aparece en los afiches de los más buscados por el Ministerio del Interior, junto con raqueteros, violadores y secuestradores, todos ellos prófugos. La cabeza que alguna vez lució la vincha que simbolizaba la batalla por la recuperación de la democracia hoy tiene precio para las autoridades peruanas: 100 mil soles según la tarifa oficial del Mininter.

“Yo estoy dispuesto a colaborar con la justicia, pero que sea justa y dentro del Estado de derecho, pero voy a defenderme y nunca me rendiré a una cacería de brujas políticamente motivadas”, escribió en febrero Toledo en sus redes sociales, poco después de que se dictara la primera orden de arresto en su contra. El ex líder de la desaparecida chacana nunca especificó, cuál era, según sus conceptos jurídicos, su definición de “justicia justa”. La frase redundante solo fue un pretexto para disimular sus intenciones de no retornar al Perú y enfrentar las acusaciones en su contra.

Una nota del archivo periodístico de El Comercio grafica que, en el caso de Toledo, la frase “la vida da vueltas” es más que solo un cliché. El 22 de setiembre del 2004, en un discurso ante el foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces presidente peruano invocó al Japón a que acelere la extradición de Alberto Fujimori, quien ya tenía casi cuatro años en condición de prófugo de la justicia. “El Estado de derecho debe impedir la impunidad”, aseveró. La respuesta de Fujimori no se hizo esperar. Al día siguiente replicó: “A mí nadie me va a llevar a la fuerza al Perú. Volveré por mis propios medios para ponerme al frente del pueblo”.

Ya todos sabemos cómo terminó esa historia.

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