Para el común de la gente, sin embargo, resulta forzado obligar a todos a votar en las elecciones internas de partidos en los que no creen. (Foto: GEC)
Para el común de la gente, sin embargo, resulta forzado obligar a todos a votar en las elecciones internas de partidos en los que no creen. (Foto: GEC)
Jaime de Althaus

Analista político

Paradójicamente, el podría terminar desactivando la reforma política aprobada por el Congreso disuelto. De ocurrir así, la disolución del no solo habrá sentado un precedente peligroso para la democracia que el Tribunal Constitucional () no ha regulado ni acotado, sino que habrá carecido de sentido político. No habría servido para consolidar y culminar las reformas institucionales planteadas.

Hay cuando menos 4 bancadas (, Somos Perú, Frente Amplio y UPP) que están en desacuerdo con las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), o tienen dudas. Algunos dirían que esos partidos defienden intereses de cúpula o un mercado semicautivo. Para el común de la gente, sin embargo, resulta forzado obligar a todos a votar en las elecciones internas de partidos en los que no creen. Pero la idea de los reformadores es tratar de reconectar por esta vía, un tanto compulsiva es cierto, a los electores con los partidos y con quienes salgan elegidos, y lograr que la elección de los candidatos no sea el resultado de arreglos de cúpula ni de venta de candidaturas, sino que produzca candidatos de mejor calidad.

Pero hay partidos y partidos. Acción Popular argumenta que ha institucionalizado desde hace tres décadas la elección interna mediante un militante un voto. Esa es su cultura. En la última elección, 25 mil afiliados –algo más del 10% del padrón– votaron para elegir a los candidatos al Congreso. Sostiene que ese tipo de elección fortalece más a los partidos. Los apristas señalaban que las PASO desalentarían la carrera política interna.

El , por su parte, realizó elecciones primarias abiertas pero no obligatorias en el 2016. Es otra opción. El problema es que ninguno de estos dos procedimientos serviría para reducir el número de competidores en las elecciones generales. Pues las PASO buscan también que solo pasen a la elección general los partidos que sobrepasan el 1,5% del número de electores de la última elección general. Eso tendría que ser así al haberse facilitado la inscripción de nuevos partidos, con solo alrededor de 24 mil afiliados, para renovar la política y adecuarse a una era en la que los partidos ya no tienen arraigo ni cumplen las funciones de antaño y sin embargo es necesario que los mejores ciudadanos puedan participar en política.

Sabemos que en la era de las redes y los medios, los partidos tienen mucho menos sentido –ya no intermedian y casi no orientan–, pero son necesarios para presentar candidatos. Tanto las PASO como los menores requisitos para inscribir un partido –deberían ser menores aun– abren el juego y permiten el ingreso a la política de ciudadanos con voluntad de servicio.

La pregunta es cómo puede la democracia representativa competir con la democracia directa de las redes y los medios. La única forma es con distritos electorales más pequeños (uni o binominales) en diputados que permitan una relación directa y personal entre el representante y los representados, poniendo las redes al servicio de esa relación directa.

Todo esto habla de que la discusión sobre las reformas ha sido muy apurada, y los partidos no han profundizado. Deberían hacerlo, para no limitarse a reacciones inmediatas que podrían reflejar el temor a perder posiciones adquiridas.